Desde Montevideo

Las habitaciones de la casona hoy están vacías, bien iluminadas y sus pisos revestidos de alfombras. Hace 36 años había bancos enfrentados entre sí, de un lado hombres, del otro mujeres con los ojos vendados. Habían sido secuestrados y casi no podían distinguir el día de la noche. Sara Méndez, que estuvo presa en una de esas habitaciones ubicada en Bulevar Artigas, en Montevideo, recuerda el sonido de la calle y las sirenas de ambulancias de un hospital cercano. Pasó tres meses allí, en lo que era el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), esposada, tirada en el piso. Soportó la tortura. Lo que la mantenía viva era la ilusión de volver a tocar a su bebé Simón.

Después de sobrevivir a la dictadura, la vida de Sara Méndez se orientó a la búsqueda de su hijo. Lo encontró cuando ya era un adulto de 26 años. Su caso estuvo incluido en la Ley de Caducidad, que impedía llevar a la Justicia a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Por eso aún no hay condenados. En Uruguay la Ley de Caducidad quedó sin efecto recién en octubre del año pasado. A partir de esa fecha se sumaron denuncias: ya son 500 los casos, que incluyen desapariciones, torturas y robos de bebés.

A Simón Riquelo, de 20 días, se lo habían arrancado de sus brazos en Buenos Aires el 13 de julio de 1976, cuando un comando irrumpió a las patadas en su casa de Belgrano. “Unas quince personas entraron rompiendo puertas”, recuerda Sara Méndez. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para obtener y decir direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires.”

José Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo. Se quedaron con su hijo. “No se preocupe señora. No le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños”, le dijeron y se la llevaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo diez días, para luego ser trasladada a Montevideo en un vuelo clandestino. Era una acción conjunta de las dictaduras argentina y uruguaya del denominado Plan Cóndor. “Ese día se realizó un operativo masivo de secuestro, fuimos secuestrados alrededor de 24 uruguayos que estábamos militando contra la dictadura de nuestro país desde la Argentina.” Sara pertenecía al Partido de la Victoria del Pueblo.

Un mes después, Gavazzo y Buratti participaron en el secuestro en Buenos Aires y posterior traslado a Uruguay de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman y de la abuela de Plaza de Mayo Berta Schubaroff. Gavazzo llevó en un avión clandestino a María Claudia, que estaba embarazada, según arrojaron las investigaciones periodísticas del diario La República. Acá, en la casona de Bulevar Artigas recientemente se descubrió la placa que recuerda que María Claudia y su recién nacida Macarena estuvieron privadas de su libertad.

Sara Méndez supo de la presencia de la nuera de Gelman. “Un médico venía periódicamente a ver a una mujer que estaba en el piso superior. Por las indicaciones que daba a los guardias, nos dimos cuenta de que estaba embarazada. Tiempo después escuchamos que tenía dolores de parto. Inclusive en una de las veces que salimos al patio una de las compañeras alcanzó a ver a una mujer en una ventana con un bebé en brazos.”

Sara se acuerda de que los sacaban a tomar sol para que parecieran recién detenidos. Los militares querían tapar que había habido un vuelo clandestino. “Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas, y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.” Alicia Cadenas, Elba Rama Molla, Sergio López Burgos y Gastón Zina estaban entre muchos otros.

Sara Méndez fue procesada por la Justicia militar y trasladada al penal, Punta Rieles en diciembre del ‘76. Allí estuvo presa cuatro años y medio. Cuando salió, emprendió la búsqueda de su hijo Simón. Y también aportó su testimonio en la causa de la mujer embarazada del piso superior. “Siempre supe que el caso de María Claudia iba a cambiar nuestra historia tan silenciada. Era familiar de un poeta de renombre internacional.”

Esta mujer bajita y de voz delicada lleva consigo años de luchar contra la corriente. “Durante diez años seguimos un caso que creíamos era Simón. Era el año ’86 u ’87 cuando pedimos el ADN. Lo negaron porque no se contaba con la voluntad del chico que era menor. En 2000, cuando asumió Jorge Batlle, la presidencia recibió la información de las Fuerzas Armadas de que el chico no era Simón, habló con él y la familia y los convenció de que se hiciera el ADN.”

Otra vez, las historias se cruzaron. “Tuvimos la noticia en marzo de ese año de que Macarena era hija de María Claudia y a los meses que ese chico no era Simón.” Sara empezó la búsqueda de nuevo. “Si no lograba una gran movilización que pusiera al gobierno de cara a la sociedad internacional, que mostrara a una madre que vio a los secuestradores de su hijo y que en ese momento vivían libremente en el país sin que se hiciera nada. Por eso emprendí una gira que me llevó por Europa, llegué al Parlamento Europeo, donde conté el caso de Simón.”

A través de una investigación del periodista Roger Rodríguez surgió un dato clave: un ex policía había adoptado al verdadero Simón. “Supe que mi hijo había sido dejado en el Sanatorio Norte. Un caso que estuvo totalmente invisibilizado, dejado de lado, en quince días se resolvió en el 2002. “El 18 de marzo tuvimos el resultado del ADN: positivo.”

A partir del descubrimiento de la placa en el ex centro clandestino de Bulevar Artigas y del reconocimiento por parte del Estado uruguayo de su responsabilidad en los crímenes de la dictadura, Sara Méndez se muestra esperanzada. “Espero que sea el comienzo de una nueva etapa, donde el Estado se comprometa realmente a que las investigaciones no queden en manos de los datos que sólo aportan las víctimas. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo.” Como Sara Méndez, sobrevivientes y familiares de desaparecidos esperan llevar ante el banquillo a los responsables de estos delitos que perduran en el tiempo mientras las heridas no terminan de cicatrizar.

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