El gobierno paraguayo de Fernando Lugo (foto) inició una tarea de reconstrucción de relaciones con el movimiento de los sin tierra después del violento desalojo que dejó un saldo provisorio de 17 muertos y decenas de heridos. Los funcionarios apuntaron ayer a la posibilidad de que hubiera infiltrados entre los campesinos que el viernes chocaron con la policía. El flamante ministro del Interior, Rubén Candia Amarilla, se reunió ayer con Lugo para analizar las derivaciones de lo sucedido en Curuguaty. Tras el encuentro, el funcionario aseguró que no se descarta que grupos ajenos a los campesinos hayan emboscado a los agentes durante el operativo de desalojo en las tierras del ex senador colorado Blas Riquelme. Candia Amarilla ratificó que la policía cumplió el protocolo –un sistema mediante el cual los policías destinados al desalojo primero deben agotar instancias de diálogo con los ocupantes– y anticipó que ese procedimiento será eliminado. Casi al mismo tiempo que eran velados de forma colectiva los restos de siete de los once campesinos muertos, el secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, dijo que recibió denuncias sobre heridos torturados y menores detenidos durante los procedimientos policiales y anunció la conformación de una comisión investigadora ante la eventual violación de los derechos humanos.