El Congreso paraguayo inició ayer un juicio político sumarísimo al presidente Fernando Lugo, quien aseguró que no renunciará al cargo y se someterá al proceso. Siguiendo el cronograma express impuesto por el Congreso, Lugo deberá presentar su defensa hoy al mediodía, con menos de un día para preparar sus alegatos, y hoy mismo por la tarde el Senado votaría para decidir la suerte del mandatario.

La movida del Parlamento paraguayo encendió alarmas en toda la región. Los cancilleres de Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Uruguay se trasladarán a la capital paraguaya para respaldar a Lugo. Evo Morales dijo que se estaba gestando un golpe de Estado. El canciller brasileño Antonio Patriota dijo que para la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la situación en Paraguay era inaceptable. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, exigió respeto por el derecho a defensa y debido proceso de Lugo.

Mientras todo esto sucedía, un grupo de simpatizantes del gobierno se manifestaba en la plaza situada frente a la sede del Congreso nacional, en el centro asunceño, exigiendo a los parlamentarios que revieran su postura. Los medios de comunicación informaban que, desde el interior del país, numerosos colectivos transportaban a campesinos hacia la capital para apoyar al presidente.

El proceso de juicio político se inició ayer a la mañana, cuando la Cámara de Diputados lo aprobó con los votos de 76 parlamentarios de los partidos tradicionales, con solo uno en contra, de la diputada oficialista Aída Robles, y tres ausencias.

Por la tarde la acusación fue presentada en el Senado, que se constituyó en tribunal para examinar los argumentos de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios opositores Oscar Tuma, Clemente Barrios, Jorge Avalos Mariño y José López Chávez fueron quienes presentaron las acusaciones contra el presidente “por mal desempeño en sus funciones”, citando su supuesta ineptitud y complacencia por la masacre ocurrida el pasado 15 de junio en Curuguaty, a unos 240 kilómetros de Asunción, donde murieron un total de 17 personas, seis policías y once campesinos, en un enfrentamiento que aún no ha sido dilucidado por las autoridades y que desencadenó la crisis política que vive hoy el país.

Además, los diputados mencionaron la supuesta relación que mantiene el presidente Fernando Lugo con representantes de la Liga Nacional de Carperos, una organización campesina creada en los últimos años y que participó de varias ocupaciones de propiedades en el interior del país, así como la presunta “inutilidad” del mandatario en el combate al denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), formación a la que algunos grupos políticos le atribuyen secuestros y atentados contra policías y militares.

De esta forma, el presidente Fernando Lugo, a través de sus abogados defensores, deberá presentar sus alegatos hoy en el Senado, en una sesión que está convocada para el mediodía, y finalmente la Cámara alta deberá votar la destitución o no del mandatario a las 16.30, hora de Paraguay (15.30 hora de Argentina).

De aprobarse el juicio político en el Senado, el presidente Lugo será destituido y, de acuerdo con lo que solicitaron los diputados acusadores, los antecedentes de los supuestos casos de “mal desempeño en sus funciones” serán enviados a la Justicia ordinaria para que sean investigados. El vicepresidente Federico Franco, uno de los principales opositores al gobierno de Lugo, asumiría la Presidencia de la República ante esta situación, de acuerdo con la Constitución Nacional. Ayer incluso ya hubo versiones sobre posibles integrantes de su futuro gabinete.

Luego de la sesión del Senado, un grupo de obispos católicos se reunió con el presidente Lugo en la residencia del mandatario y le pidió que renuncie para evitar que sucedan enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del orden. Además, le aseguraron que los parlamentarios dejarían de lado la posibilidad de presentar sus acusaciones ante la Justicia ordinaria. Por la tarde, Lugo mantuvo reuniones con representantes del cuerpo diplomático y de la Embajada de Estados Unidos, pero ninguna de las partes brindó declaraciones sobre lo tratado en estos encuentros.

Todo esto sucede a poco más de diez meses de las elecciones nacionales, en las que se elegirá al próximo mandatario, así como a los representantes del Congreso nacional y las gobernaciones departamentales.

El Partido Colorado, que perdió las elecciones de 2008 frente a Lugo, luego de mantenerse durante sesenta años en el poder, pretende volver al Poder Ejecutivo de la república.

El juicio político contra el presidente Lugo cuenta con el apoyo de todos los partidos tradicionales del país, como el Colorado y el Liberal, así como por la Unión Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace), liderada por el ex general Lino Oviedo, y por Patria Querida, una agrupación relativamente nueva y dominada por representantes de la clase alta de Asunción. Entre ellos cuentan con amplia mayoría en las Cámaras del Congreso, en las que los partidos aliados al mandatario, como País Solidario y Tekojoja, son absolutamente minoritarios.

El presidente Fernando Lugo perdió su principal apoyo político en el Congreso, el del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, luego de que nombró como ministro del Interior a Rubén Candia Amarilla, ex fiscal general del Estado, afiliado al opositor Partido Colorado. Candia llegó a esa Secretaría de Estado luego de la destitución de Carlos Filizzola, uno de los principales allegados al mandatario, quien tuvo que salir de la institución a raíz de la crisis política suscitada por la matanza de Curuguaty.

Los liberales exigieron el miércoles a Lugo que destituya a Candia y nombre en su reemplazo a un representante de ese partido, pero el presidente se mantuvo en su postura, por lo que el partido retiró a sus cuatro ministros del gobierno –de Educación, de Industria, de Agricultura y de Justicia–, quienes renunciaron a sus cargos en la mañana de ayer.

La situación política del titular del Poder Ejecutivo se precipitó luego de que el opositor Partido Colorado aprobara la realización del juicio político el pasado miércoles, después de que el presidente anunciara que no renunciará al cargo y que creará una comisión de “notables” personalidades civiles para investigar la masacre ocurrida en Curuguaty. De hecho, aún no hay resultados oficiales de la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado sobre este hecho, que sucedió en un inmueble propiedad del ex senador colorado Blas N. Riquelme, aunque, de acuerdo con declaraciones de representantes del Poder Ejecutivo, las tierras pertenecen al Estado paraguayo. En ese enfrentamiento se produjo la mayor cantidad de muertes ocurrida en un suceso de este tipo en la historia política paraguaya, sin contar las guerras que mantuvo el país.