La Alta Corte Constitucional egipcia suspendió ayer el decreto del presidente islamista Mohamed Mursi que reestablecía el Parlamento, disuelto a mediados de junio por el mismo tribunal. El domingo, ocho días después de haber asumido el cargo, Mursi, de los Hermanos Musulmanes, anuló por decreto la decisión de la Alta Corte Constitucional, que el 14 de junio había invalidado la asamblea, en la que los islamistas son mayoría, debido a un vicio jurídico en la ley electoral.

La pulseada por el poder escaló aún más ayer luego de que el Parlamento decidiera sesionar en franco desafío a un fallo que ordenó su disolución, una maniobra que pone a los gobernantes islamistas en abierto conflicto con los militares y el máximo tribunal del país. La sesión fue breve, de apenas cinco minutos, e insinuó que los diputados quisieron realizar un gesto simbólico más que embarcarse en un desacato total del fallo judicial que disolvió la cámara por supuestas irregularidades en las últimas legislativas, las primeras elecciones desde la caída de Hosni Mubarak.

“La Corte ordenó la suspensión del decreto presidencial”, declaró una fuente judicial. Los abogados de Mursi no tardaron en denunciar una decisión “política” y dijeron que temen que ésta complique aún más la crisis en el país. “El veredicto es nulo y sin valor”, declaró uno de ellos, Abdel Moneim Abdel Maksud, leyendo un comunicado ante la prensa.

Al mismo tiempo, miles de personas se reunieron en la emblemática plaza Tahrir, en El Cairo, para manifestar su apoyo al presidente Mohamed Mursi y en repudio al fallo de la Corte, contra el cual cantaron al unísono “ilegal, ilegal”, y eslóganes hostiles al ejército, a quien Hosni Mubarak, expulsado del poder en febrero de 2011, había entregado el mando del país. Luego de la disolución de la asamblea, los militares fueron quienes recuperaron el Poder Legislativo, provocando la cólera de aquellos que quieren verlos salir de la política. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que celebró una reunión de urgencia después del decreto presidencial, llamó el lunes a respetar “la ley y la Constitución” y dijo “confiar en que todas las instituciones del Estado respetarán lo que se ha dicho en las declaraciones constitucionales”.

Ayer, al abrir la sesión con un discurso emitido en directo por la televisión estatal, el titular de la Cámara, Saad al Kattani, dijo a los parlamentarios que ésta se realizaba “en cumplimiento del decreto del presidente”. “Me gustaría confirmar que el decreto presidencial no viola la orden del Tribunal”, agregó Al Kattani, quien al igual que Mursi pertenece a los Hermanos Musulmanes, una poderosa cofradía islamista que había ganado la mayor cantidad de bancas del disuelto Parlamento.

Los diputados de los Hermanos Musulmanes y los fundamentalistas salafistas, que dominan la asamblea, estaban presentes, pero los ediles de otros partidos, en particular los liberales, boicotearon la sesión y algunos calificaron el decreto de Mursi de “golpe de Estado constitucional”. Al Kattani indicó en un comunicado que el Parlamento remitió el asunto de la invalidación de la Cámara baja a la Corte de Casación.

Estos últimos acontecimientos ilustran el conflicto iniciado entre el nuevo presidente y el CSFA, sobre todo después de la adopción por los militares de una “Declaración constitucional complementaria” que debilitó considerablemente la función presidencial.

Los Hermanos Musulmanes habían acusado a los militares de haber organizado la disolución del Parlamento para adjudicarse el Poder Legislativo, denunciando un verdadero “golpe de Estado” y afirmando que para ellos la asamblea seguía siendo válida y conservaba todas sus prerrogativas.

Por su lado, la Alta Corte Constitucional aseguró que ella “no era parte en ninguna lucha política” y que su misión era “proteger el texto de la Constitución”. Sin embargo, está acusada por varios grupos y políticos de ser parcial. Por el momento, las dos partes en conflicto parecen estar moviéndose con cautela.