La bancada del partido oficialista de Ecuador, Alianza País, espera hoy aprobar en la Asamblea la nueva ley de comunicación. El proyecto se trata en el Legislativo desde el 2009, pero tuvo dificultades en ser debatido debido a la falta de consenso para lograr los votos necesarios.

El oficialismo necesita al menos 63 votos, de un total de 124 asambleístas, para aprobar el texto, que será votado artículo por artículo, por lo que se prevé que la sesión se extienda varias horas e, incluso, días. La nueva ley busca “proteger y regular el ejercicio de los derechos de la comunicación” y establece, entre otros puntos, un Consejo de Regulación de todo el sistema que resolverá los reclamos presentados por violación a los derechos. El ente, que tendrá un delegado del Ejecutivo no tendrá posibilidad de suspender ni de clausurar un medio de comunicación y sólo podrá imponer sanciones administrativas.

Además, la propuesta plantea que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente, otorgando un 33 por ciento para medios públicos, un 33 por ciento para medios privados y el 34 por ciento para medios comunitarios. Además, aumenta a 30 años las concesiones de frecuencias, inicialmente reducidas a cinco. En la iniciativa subsiste la exigencia de que periódicos y revistas publiquen su tiraje en cada edición en la sección de transparencia de los medios, que será auditado por el Consejo de Regulación.

Por otra parte, los medios audiovisuales, cuya señal es de origen nacional, destinarán en el plazo de cinco años al menos el 40 por ciento de su programación diaria, en el horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. La propuesta establece la responsabilidad ulterior, como la obligación que tiene toda persona, de asumir las consecuencias administrativas de difundir contenidos que lesionen los derechos humanos y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación.

Finalmente, en el proyecto establece que quedarán prohibidas la revisión, aprobación o desaprobación por parte de una autoridad o funcionario público, de los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Establece además sanciones por incurrir en esos hechos.