Desde Brasilia

El procurador Gurgel y el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ayres Britto, durante el juicio por corrupción.
Imagen: EFE.

Un pichón de cuervo extraviado, arrastrándose entre los agentes de seguridad, fue la única noticia interesante ocurrida frente al Supremo Tribunal Federal brasileño la semana pasada, cuando comenzó el juicio por corrupción a la antigua cúpula del PT, el partido de Dilma y Lula. El aparatoso anillo de vallas metálicas montado junto al predio de cemento y cristal para contener manifestantes se reveló innecesario. No hubo ni miles ni centenas de indignados (por lo que vi el viernes eran cinco, cuatro disfrazados de presidiarios y otro de payaso) reclamando una Primavera Arabe a la brasileña contra los impíos petistas.

Desde el jueves, cuando se inició el “juicio del siglo”, la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, ubicada entre la Corte y la sede de la Presidencia de la República, repitió su rutina tranquila, soleada y seca (la humedad cayó al 20 por ciento) de todos los días, parecida en nada a los fuegos revolucionarios de la plaza Tahrir.

En contraste con la indiferencia de la calle, el interior del Palacio de Justicia fue una caldera en las primeras audiencias del proceso que juzga el escándalo del “mensalao” (pago mensual de coimas), durante las cuales dos magistrados dejaron de lado la solemnidad de sus togas para intercambiar acusaciones que pusieron al desnudo los intereses en disputa.

“Parece que el Supremo en cualquier momento se va a incendiar, nunca se ha visto una guerra de nervios y un clima de presiones como el que vimos este jueves y viernes, hay muchos intereses políticos en juego en este proceso, yo no recuerdo discusiones tan agresivas entre ministros al comenzar un juicio”, describió el profesor de Derecho Constitucional Leonardo Barreto, de la Universidad de Brasilia.

En una intervención de cino horas el procurador general de la República, Roberto Gurgel, fundamentó su pedido de condena contra 36 acusados, el principal de ellos José Dirceu, el superministro de gestión de Lula entre 2003 y 2005, cuando renunció bajo sospechas de irregularidades, entre ellas la supuesta coima a congresistas para la aprobación de leyes patrocinadas por el Planalto. Acusación refutada por los abogados de Dirceu con un argumento plausible: no hay ninguna prueba documental al respecto, algo que el propio fiscal pareció admitir en su alegato del viernes, sustentado en varios testimonios de algunos adversarios del líder petista.

“Se puede decir sin riesgo de cometer ningún equívoco que José Dirceu fue el mentor, quien idealizó todo el sistema ilícito y fue quien comandó las acciones” ilícitas del mensalao gracias a su “ascendencia” sobre los demás acusados. Luego Gurgel llegó más lejos, casi hasta el despacho de Lula con sus sospechas, al interrogarse con tono algo escandalizado, “¿cómo se podría imaginar que todo eso ocurría dentro del Palacio presidencial y que las reuniones de la banda se hacían a unos pocos metros de la oficina del presidente de la República?”.

Lula ha negado la existencia del “mensalao”, al que definió como una “invención” de las empresas de información y entretenimiento, encabezadas por la cadena Globo, y aseguró que prefiere ver los Juegos Olímpicos antes que asistir a la transmisión en tiempo real del espectáculo jurídico generado en el Supremo Tribunal Federal.

Según parece, el ex mandatario y fundador del PT exageró su desinterés por el juicio, ya que el viernes habría telefoneado varias veces al Supremo para hablar con su ex ministro de Justicia Marcio Thomas Bastos, quien actúa como defensor de uno de los procesados por el “mensalao”, según informó ayer el sitio de Folha de São Paulo.

La verdad jurídica de los hechos está lejos de haber sido esclarecida y resulta imposible hacer alguna afirmación rotunda sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. El propio PT admite que cometió irregularidades como el financiamiento de campañas con dinero procedente de empresas que no fue declarado a la Justicia Electoral, mientras el procurador, los partidos opositores y Globo afirman que además de campañas financiadas ilegalmente también hubo sobornos políticos masivos y continuados, un delito mucho más grave.

Pero por detrás de la telaraña de argumentos legales transcurren dos tiempos políticos que son, finalmente, lo que importa a casi todos los actores envueltos en este relato. El primero vence el 7 de octubre, cuando se disputarán elecciones municipales en 5600 municipios, y obrará como un barómetro para medir la gestión de Rousseff al cumplirse la primera mitad de su mandato. El gobierno, discretamente, y el PT hicieron gestiones para posponer el juzgamiento del “mensalao”, a fin de evitar que el proceso contamine el debate electoral y favorezca la campaña opositora.

El juicio también impactaría en el medio plazo político, es decir en las presidenciales de 2014, porque si los once jueces condenaran al ex ministro José Dirceu, habrán asestado un golpe por elevación al gobierno y la imagen de Lula, quien pese a negar su interés en volver al Planalto sigue siendo un candidato virtualmente invencible, como surge de una encuesta reciente según la cual, si las elecciones fueran hoy, las ganaría con más del 70 por ciento de los votos.