Los militares que participaron de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile planificaron un proceso de retorno a la democracia que les permitiera preservar un “principio de autoridad” sobre los civiles. Esto se desprende de un informe confidencial de enero de 1989 dirigido por la Armada a la Junta de Gobierno.

“Una actitud intransigente del Ejecutivo (ante la posibilidad de reformar la Constitución de 1980) podría desembocar en la proposición de un texto sustitutivo”, subraya el informe. El texto, firmado por el capitán de navío Rodolfo Camacho, propone aceptar reformas a la Carta Magna como pidió la oposición de centroizquierda, a cambio de que la Constitución de Pinochet mantuviera su “sustancia” y permaneciera en el tiempo, algo que sucedió hasta hoy. “Sobre la autoridad, por último, pesa la responsabilidad de proyectar la institucionalidad derivada de sus afanes fundacionales”, remarca el texto sobre la defensa del modelo neoliberal instaurado en Chile durante el régimen militar. De hecho, hasta el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) los presidentes no tenían la facultad de separar de sus cargos a los comandantes en jefe de los cuerpos castrenses y los militares podían nombrar a cuatro senadores, de un total de 37.

El análisis tiene un cuerpo central y anexos sobre “acción socioeconómica”, “acción política y subversiva” y “acción religiosa y educacional”. Los uniformados, cien días después de la derrota del dictador Pinochet en el plebiscito que buscaba ampliar ocho años su gobierno, temían una salida rupturista liderada por la izquierda. Además, creían que la posibilidad de “lograr la continuidad de una sociedad libre” dependía de la aparición de un candidato fuerte en el centroderecha y miraban positivamente a Renovación Nacional, el partido del actual presidente Sebastián Piñera. El informe de la Marina, de 42 páginas, valora además las acciones del nuncio de la época, el purpurado Angelo Sodano, como forma de restar poder a los sectores progresistas de la Iglesia Católica, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.

El texto demuestra que preocupaba a los militares el futuro de los grupos armados opositores a la dictadura, en especial el del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), dependiente del Partido Comunista. El capitán Camacho cita de hecho una Carta Confidencial Nº 34, aparentemente de un infiltrado en esa orgánica. “El Frente Patriótico (Manuel Rodríguez) intentaría, en un hipotético corto plazo, estructurar una amplia base de combate”, reza la misiva. Finalmente, el FPMR fue descabezado y sus propios hombres reconocieron la infiltración de los uniformados en su comandancia.

Esta información sobre la dictadura que se impuso en Chile entre 1973 y 1990 se conoce después de que el Ejecutivo chileno anunciara el viernes que entregaría a la Justicia archivos secretos del período de facto, revelados el jueves, que muestran una estrecha colaboración de ex funcionarios civiles con el régimen militar para coordinar acciones contra opositores, documentos en los que aparecen involucrados legisladores oficialistas. Esos archivos incluyen planes, memorandos, circulares y coordinaciones de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y textos emitidos por varios organismos de Defensa en el período 1978-1989, entre otra documentación. Los documentos encontrados escaneados y contenidos en tres CD detallan que las autoridades civiles coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos.