En su tercer día de sesiones, el juicio en el Supremo Tribunal Federal contra los 36 acusados por la Procuraduría General de la República de haber llevado a cabo un enorme esquema de sobornos, coimas y corrupción abrió espacio para las alegaciones de la defensa de los principales involucrados.

Ninguna sorpresa: cada uno señaló las supuestas fallas de la acusación leída el pasado viernes por el procuradorgeneral de la República, Roberto Gurgel. Al unísono, insistieron en la inocencia de sus clientes. La contundencia de la denuncia que Gurgel leyó a lo largo de cinco horas empezó, según los defensores, a derrumbarse palabra por palabra: todos critican la ausencia absoluta de pruebas e insisten en señalar que se trata de un enredo de hilaciones sin que se haya registrado declaración alguna de testimonios presenciales. Todo, en la pieza acusatoria, se resumiría en lo que alguien dijo de alguien, pero fuera de la instrucción judicial del proceso, o sea, declaraciones lanzadas sin el compromiso de la verdad impuesto por ley.

Una imagen del plenario deja claro que los ministros que integran el Supremo Tribunal Federal saben que tendrán largas, larguísimas jornadas a la vista. Dos de ellos –Joaquim Barbosa, relator del proceso, y Gilmar Mendes, un adicto a las luces de las cámaras de televisión y parlanchín compulsivo– dormían profundamente mientras los abogados se esforzaban en la defensa de sus clientes.

José Luis Oliveira Lima, defensor de José Dirceu, ha sido el primero en dirigirse ayer al pleno del Supremo Tribunal Federal. Con un discurso incisivo, pretendió desmontar línea por línea la acusación de Gurgel contra su cliente. Oliveira Lima siguió el guión esperado por varios juristas de proa en Brasil, que ya habían advertido, durante el fin de semana, que la pieza acusatoria contenía fallas graves, pese a la sonoridad de las palabras del procurador general el pasado viernes. Dirceu, el más importante dirigente ideológico del PT de Lula, el arquitecto de su victoria en 2002 y hombre fuerte de su gobierno entre 2003 y 2005, está acusado de corrupción activa, formación de bando criminal y ser el mentor del esquema que mensualmente distribuía dinero (de ahí el apodo de “mensalao”) a parlamentarios para comprar sus votos favorables al gobierno. Alegan los críticos de Roberto Gurgel que la pieza acusatoria ignora que formación de grupo criminal no es figura que integre el Código Penal brasileño, que no hay prueba siquiera circunstancial de que el acusado haya promovido corrupción activa, y que en la declaración de ninguno de los interrogados en la investigación judicial dijo que Dirceu fuese mentor de algo. Respondiendo a las expectativas de los juristas, la falta de cualquier testimonio acusando directamente a Dirceu ha sido pieza central en el argumento de su defensor.

Igualmente duro ha sido el defensor del ex tesorero del PT Delubio Soares, quien insistió en que efectivamente hubo distribución de dinero a partidos aliados, pero se trataba de recursos para cubrir deudas de la campaña electoral de 2002 y no de compra de votos. Arnaldo Malheiros Filho entregó a los magistrados una serie de gráficos indicando que las fechas de entrega de dinero a partidos y parlamentares apuradas y comprobadas por la investigación policíaca no coincidieron para nada con la votación, en el pleno del Congreso, de proyectos del Poder Ejecutivo. Y más: mostró que varios de los proyectos fueron aprobados gracias a votos de la oposición, y no de la lealtad supuestamente comprada.

El abogado Marcelo Leonardo, que presenta la defensa del empresario Marcos Valerio Soares, operador del esquema de distribución de recursos (la llamada “caja 2 de campaña”, o sea, dinero no contabilizado y, por lo tanto, irregular) ha sido el más agresivo. En más de una ocasión declaró que partes de la acusación eran “risibles”.

Los defensores que comparecieron ante la Corte ayer coincidieron en un punto: hubo, sí, distribución de dinero no declarado, lo que consiste en infracción a la legislación electoral brasileña (para no mencionar que es práctica habitual en todas las elecciones realizadas en el país, y que ahora mismo, en la campaña para las municipales de octubre, continúa ocurriendo y todo el mundo sabe de eso). Es un acto ilícito, pero no de un crimen pasible de prisión.

Es imposible prever el resultado final, pero una cosa es cierta: de momento, se impone el clamor de los sectores conservadores y, especialmente, de la prensa hegemónica, unánime en su oposición al PT. Para esos sectores y para esa prensa, todos los acusados son culpables de culpa máxima. Dar a cada uno el derecho de defensa es mera banalidad de un formalismo anacrónico.

Es de esperar que los ministros de la Corte Suprema brasileña sepan actuar de manera esencialmente técnica, imparcial. Y que, principalmente, no sigan durmiendo en las sesiones del proceso, que se extenderán por semanas y semanas.