Los golpes se multiplican. Por un lado, un grupo de cinco legisladores del oficialista Movimiento Quinta República (MVR) pidió ayer la renuncia del gabinete económico de Hugo Chávez y solicitó que el flamante plan de ajuste sea aplicado por nuevos ministros. A la vez, la oposición -incluyendo hasta los que hace poco eran chavistas– planea abiertamente la fórmula institucional con la que podría desalojar al presidente del poder: se discute desde un referéndum hasta un juicio por incapacidad mental. En el gobierno se rumorea sobre la posibilidad de un drástico cambio de gabinete como forma de aplacar el clima opositor creciente, aunque se teme que tal decisión aparezca como muestra de la debilidad del Ejecutivo y envalentone, aún más, a los antichavistas. Sólo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representadas por uno de sus negociadores, salieron a apoyar al gobierno. Estados Unidos y la Unión Europea se limitaron a pedir la permanencia de las instituciones democráticas.
El diario caraqueño Tal Cual –dirigido por el socialista Teodoro Petkoff– calificó a la saga de pronunciamientos de oficiales en actividad contra Chávez como un “goteo militar”. Esto significa: un golpe de Estado “goteado y mediático”. Y, como varios analistas, encuentran el origen del fenómeno en el propio Chávez: fue él quien decretó que los militares dejen de ser “eunucos políticos” y pasen a constituirse como fuerza “deliberante”. El tercero y último de los uniformados rebeldes, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, descartó ayer la posibilidad de un enfrentamiento civil porque considera que el apoyo chavista ha decaído notablemente. Mientras tanto, el coronel Pedro Soto –el primero que se levantó contra el gobierno– debía presentarse ayer ante el Consejo de Investigación que analiza su caso y faltó. Tampoco había concurrido a la segunda citación con el argumento de que no le había sido presentada por escrito. Sólo estuvo en la primera reunión, el 15 de febrero, en la cual había pedido la exclusión del ministro de Defensa, José Vicente Rangel, y del comandante de la Fuerza Aérea, Régulo Anselmi, porque ambos se pronunciaron previamente sobre el caso. Soto, en cambio, apareció ayer, en exclusiva, en el diario Folha de Sao Paulo. “No se trata de derribar al presidente. Se trata de usar los reglamentos y la institucionalidad. Y en el marco de la institucionalidad está prevista la renuncia del presidente”, sentenció.
En medio de este escenario, la oposición toma fuerza y avanza. El secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Leopoldo Puchi, anunció ayer que propondrá al Congreso la convocatoria de un referéndum consultivo para votar sobre la permanencia de Chávez en el poder. “Esa es la manera democrática de desmantelar todos los dispositivos que desde diferentes ángulos están acariciando la violencia como alternativa”, argumentó. Tal iniciativa legal no tendría carácter vinculante (para eso habría que esperar a que se cumpla la mitad del mandato presidencial), pero Puchi sostiene que en caso de perderlo, Chávez no podría resistirse a dejar su cargo. Tal medida es apoyada por el Partido Unión. En cambio, el partido opositor Acción Democrática prefirió presentar un recurso legal contra Chávez por supuesta incapacidad mental. Otra opción es la que planteó el partido conservador Primero Justicia: propuso recortar el mandato de Chávez, a fin de poder adelantar las elecciones. Sin embargo, ayer fue el propio oficialismo el que también castigó a Chávez. Varios legisladores pidieron la renuncia del gabinete económico y amenazaron con promover una moción de censura en caso contrario. El oficialismo –mayoría en el Congreso– intenta imponer un cambio de ministros del área económica antes de que se aprueben las nuevas medidas impositivas. “Se debe cambiar el gabinete económico para que las medidas que se van a implementar tengan coherencia social”, señaló el diputado Roberto Quintero.
Desde Estados Unidos, el portavoz del departamento de Estado, Richard Boucher, declaró que “las instituciones democráticas en Venezuela y en otras partes deben ser respetadas y cualquier cambio que ocurra debe serdemocrático y constitucional”. La Unión Europea (UE), a su vez, reclamó que se recupere la estabilidad mediante el “respeto escrupuloso a la institucionalidad política”. El negociador y vocero de FARC, en cambio, señaló que “Estados Unidos y la oligarquía más reaccionaria de Colombia consideran que Chávez es un peligro para los intereses de los dos países”.
Informe: Verónica Gago.