El tercero y último de los militares –y de más alto rango– que pidió la dimisión del presidente Hugo Chávez este lunes, el contraalmirante de la Marina venezolana Carlos Molina Tamayo, exhortó ayer a sus camaradas de la Fuerza Armada a mantenerse dentro de la institucionalidad y a “obedecer a su conciencia” en una reunión que mantuvo con la comandancia militar y en la que se negó a repetir su pedido a que Chávez abandone el poder. Contrastó el mensaje que dio el coronel Silvino Bustillos, abogado defensor de los primeros militares disidentes, Pedro Soto y Pedro Flores, al advertir que “saldrán a la opinión pública otros militares de alto rango críticos del gobierno”, en lo que ya se habló de una “guerra mediática” en Venezuela.
Molina Tamayo, tras reunirse ayer informalmente con la comandancia de la Armada, dijo que quedaba a disposición de la misma, dispuesto a presentarse a sus superiores para conocer el procedimiento de investigación al cual será sometido. “Mis actuaciones fueron en el marco institucional y como un ciudadano uniformado”, dijo al recordar que el lunes leyó un documento exigiendo la dimisión a Chávez, pero que no participó en actos políticos con la oposición. En este sentido, Molina llamó a la Fuerza Armada a que se mantenga dentro de los “marcos institucionales, que siga a su propia conciencia y al pueblo”, negándose a apoyar a personalidades que se pronuncien contra del gobierno. Molina dijo que no se pronunciaría nuevamente contra Chávez, porque “yo no quiero dar más mensajes de ese tipo, ya di mi estamento el día 18”.
Pero Bustillos, defensor de los primeros militares rebeldes, el coronel de la aviación, Pedro Soto, y el capitán de la Guardia Nacional, Pedro Flores, quienes pidieron públicamente la renuncia de Chávez el 7 de febrero, aseveró que habrá más pedidos públicos de militares que exijan la dimisión de Chávez. Tamayo, Soto y Flores enfrentan juicios militares por la supuesta violación de los códigos castrenses al desconocer al presidente y comandante el jefe de la Fuerza Armada. Soto recusó ayer ante la Fiscalía General al consejo de investigación en su contra alegando que el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, quien preside el consejo de investigación, “no reúne las condiciones morales ni apego a la constitucionalidad, ya que pertenece a un partido político”, y no descartó acudir al tribunal internacional en instancias ulteriores.