Por Laura Puertas*
Desde Roma

El gobierno que preside Alejandro Toledo se enfrenta con gran debilidad y escasa credibilidad a su mayor crisis política. Mientras el régimen busca salidas a los múltiples conflictos, miles de trabajadores salieron nuevamente a las calles ayer desafiando la declaración del estado de emergencia. Los principales analistas políticos opinan que la crisis, que se caracteriza por las protestas generalizadas que han motivado la entrega del orden público a las Fuerzas Armadas, pasa por una recomposición del gabinete ministerial. Pero el gobierno aún no da muestras de tomar esta decisión. En cambio, ha convocado a los líderes políticos y gremiales para reactivar el Acuerdo Nacional, una plataforma programática de consensos que se reunió el lunes pasado. La primera recomendación de todos los asistentes fue pedir a los gremios y gobernantes que negocien para resolver una huelga de maestros que llega a su cuarta semana.
“Que Dios nos ayude para que todo se desarrolle dentro de un marco de tranquilidad”, fueron las desesperadas palabras del ministro del Interior, Alberto Sanabria, horas antes de la anunciada jornada nacional de protesta para exigir el levantamiento del estado de emergencia y la solución a la huelga de los maestros. Treinta mil personas, entre maestros, estudiantes, agricultores y trabajadores en general, salieron ayer a las calles limeñas, mientras que en ocho ciudades del interior del país se cumplían los paros convocados por los gobiernos regionales. Contra lo esperado, la marcha del día anterior resultó multitudinaria y pacífica, pero el saldo para el gobierno sigue siendo negativo, pues reveló la falta de autoridad del régimen. Y es que el gobierno ha vuelto a dispararse a los pies, al decretar el estado de emergencia y darles el control interno a las Fuerzas Armadas frente a las manifestaciones de protesta de cientos de trabajadores y maestros a nivel nacional, durante las últimas semanas.
Toledo recurrió a una medida extrema antes de agotar el camino del diálogo. “Esta decisión ha transformado lo que eran reclamos y movimientos gremiales y sectoriales en regionales. El conflicto regional ha terminado por subsumir al gremial, aumentando su extensión e intensidad, sumado al rechazo al estado de emergencia”, dice el analista político Albero Adrianzén. Para el ex líder sindical y ahora congresista opositor José Luis Risco, las protestas de los diversos gremios en el marco de un estado de emergencia no son una trasgresión a las normas, sino la expresión lógica ante la falta de solución a sus demandas. “No se está tratando de hacer subordinación civil, ni atacar el sistema democrático, lo que quieren los trabajadores es que se resuelvan sus problemas y que el estado de emergencia sea suspendido”, dijo Risco a Radio Programas del Perú. Por su parte, Juan José Gorriti, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, dijo que “los trabajadores no están desafiando el estado de emergencia, sino que esa medida es un desafío a la democracia”.
Ni la intermediación del obispo de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, logró la ansiada tregua de parte de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores en la Educación (Sutep). Bambarén fue designado como mediador entre el gobierno y los gremios en huelga. Al término de la prolongada reunión, Bambarén anunció la formación de un Tribunal de Honor integrado por representantes de las asociaciones de padres de familia, la Iglesia y maestros para renegociar los acuerdos. El secretario general del Sutep, Nilver López, calificó la reunión con el obispo del lunes pasado de “protocolar” y aseguró que “en la medida en que se encuentren soluciones a los reclamos, la huelga será levantada”.
Así las cosas, las decisiones que asuma el gobierno en las próximos horas y días serán decisivas para asegurar la gobernabilidad del país,como también para recuperar la distancia que ahora existe entre la población y el régimen.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.