El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer la nacionalización de dos distribuidoras de energía eléctrica, una empresa de servicios y una gestora de inversiones del sector eléctrico. Las empresas eran controladas por la compañía española Iberdrola. El mandatario detalló que cobraban tarifas “desiguales” entre las áreas urbanas y rurales, y ofrecían un servicio “deficiente”.

Las empresas afectadas son dos distribuidoras de electricidad, Electropaz de La Paz, Elfeo de Oruro, Eldeser que presta servicios a ambas y Compañía Administradora de Empresas Bolivia (Cadeb). Las acciones españolas en esas empresas sumaban el 90 por ciento y el resto estaba formado por capitales empresariales bolivianos. Durante la lectura del decreto de nacionalización, en el Palacio Quemado, Morales dijo que su gobierno se vio obligado a tomar esa medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana. “Nos vimos obligados a aprobar el decreto para tener tarifas eléctricas equitativas; esta medida garantizará el derecho al acceso a la energía eléctrica y precautelará la economía con tarifas uniformes”, afirmó el mandatario.

Acompañado por su vice, Alvaro García Linera, y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, Morales afirmó que la administración de las compañías eléctricas, subsidiarias de la española Iberdrola, pasa a depender de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), y que ésta podrá utilizar la fuerza pública para garantizar la distribución de energía en los departamentos de La Paz y Oruro. Minutos antes de dar a conocer el Decreto 1448 de nacionalización de las distribuidoras, el presidente boliviano puso como ejemplo que un usuario en el área urbana llega a pagar por el servicio de luz 0,63 bolivianos por kilowatio/hora, mientras en el área rural ese costo asciende a 1,59 bolivianos por kilowatio/hora. “Más del doble”, criticó.

De acuerdo con el texto, la titularidad de las acciones de las dos empresas eléctricas españolas pasará a la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). El plazo para las negociaciones será de 180 días, según el texto. “Va a haber una justa remuneración de lo que les corresponde (a la empresa española) no vamos a actuar de manera arbitraria; habrá un trato justo a los inversionistas”, dijo el vicepresidente, Alvaro García Linera. Indicó que ENDE evaluará a través de un organismo independiente y aseguró que entrarán en la negociación para encontrar una salida negociada. “Confiamos en que los siguientes meses, mediante el diálogo y mediante informes técnicos precisos y de carácter independiente, encontraremos una salida negociada con la antigua empresa dueña de Electropaz y no tengamos ningún tipo de problema”, enfatizó el vicepresidente y reprodujo Telesur.

Poco después del anuncio de Morales, un grupo de policías se trasladó hasta las sede de Electropaz, en La Paz, para resguardar las instalaciones, mientras que un grupo de trabajadores de la empresa, en contacto con medios locales, expresó el temor de sufrir despidos. Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, expresó que los puestos de los trabajadores están garantizados y precisó que en 180 días se valorarán los activos y pasivos para entrar en una negociación con la española Iberdrola y así cerrar el tema de la nacionalización.

Fuentes de la empresa Iberdrola señalaron en Madrid que aún no han recibido la comunicación oficial de la decisión y aseguraron que van a estudiar el decreto de nacionalización en profundidad. Como informó el diario español El País, Iberdrola quedó a la espera de conocer los detalles de los decretos y se limitó a señalar que espera que el gobierno boliviano “pague el valor real” de sus participaciones. El periódico precisó que en el decreto se da un plazo de 180 días para que un tasador independiente decida la compensación y citó a expertos independientes, que les atribuyen un valor de mercado a las filiales de cien millones de dólares, es decir, cerca de 75 millones de euros. Por su parte, el gobierno español de Mariano Rajoy lamentó ayer la decisión del Ejecutivo de Bolivia de nacionalizar las filiales de Iberdrola y expresó su deseo de que la eléctrica sea indemnizada de manera justa. “España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas”, señaló un comunicado del Ministerio de Exteriores. Asimismo, el gobierno advirtió que la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia.