El documento publicado el miércoles pasado por la Fiscalía General del Estado de España sacude las bases de su anquilosado sistema jurídico. La circular 2/2012, que pide investigar a fondo el robo de bebés, habilita a los fiscales a ordenar la exhumación de restos de recién nacidos fallecidos y practicar pruebas de ADN, sin necesidad de orden judicial, cuando medien denuncias por la sustracción de menores. La resolución fue empujada por un escrito del 27 de enero de 2011, elevado ante la Fiscalía por un grupo de personas afectadas para denunciar que esos hechos, provocados fundamentalmente entre 1950 y 1990, tuvieron lugar en distintos hospitales de la península. Esos delitos no prescriben hasta transcurridos 10 años desde que la víctima se entera de su condición.

En España no descartan que el documento abra un resquicio judicial para investigar los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco, que empujó al menos a 30 mil niños a perder su identidad. Desde Madrid, Carlos Slepoy, uno de los principales impulsores de las querellas contra el franquismo presentadas en los tribunales de Buenos Aires, afirma que los delitos de secuestro, apropiación y sustitución de identidad de niños, hasta que éstos no recuperan su identidad biológica, se siguen consumando.

–¿Qué particularidades conlleva el delito de desaparición de niños?

–Del mismo modo que en la desaparición forzada de personas, la situación ilícita se prolonga en el tiempo y afecta tanto al menor como a su familia de origen. Reconocer el carácter permanente del delito impide que este tipo de prácticas clandestinas y mafiosas puedan obtener el beneficio de la prescripción.

–Esta decisión contempla algo reconocido en el derecho internacional y que hasta ahora se cuestiona en sectores de la Justicia española.

–Aparece como una gran noticia en España pero en realidad está consagrado hace mucho tiempo a nivel internacional. Esto es revelador de la impunidad existente en relación con los crímenes cometidos por el franquismo.

–¿En qué etapas se dividen esas apropiaciones?

–En España hay dos períodos en relación con la apropiación de niños. Un primer período de apropiación legalizada de bebés se produce cuando el franquismo derrota a la república y dicta decretos por los cuales los hijos de las madres republicanas que se encontraban presas, una vez que habían criado a sus hijos en las cárceles, y éstos tenían tres años de edad, eran separados de sus madres.

–¿Qué criterios se aplicaban en cuanto al destino de los bebés?

–Si la familia de la mujer no estaba sospechada de compartir sus ideas políticas, podía mantener la guarda del niño. En el caso de que fueran republicanos o sospechosas de serlo había dos alternativas: eran entregadas a familias adeptas al régimen o bien a instituciones públicas (orfanatos). De este modo, muchos niños terminaron siendo curas o militares, por ejemplo, es decir, con una ideología distinta a la de sus padres. Se produce un proceso de despersonalización al quitársele al niño su identidad. Garzón calculó que en esta primera etapa hubo alrededor de 30 mil niños robados. La idea era destruir un grupo humano a través de la incorporación de los niños del grupo reprimido al grupo represor, conducta típica del accionar genocida.

–La Fiscalía General del Estado sugiere poner atención en los casos de robo de bebés producidos entre 1950 y 1990. ¿Qué sucede con los niños robados en anteriores etapas?

–La circular no incluye a los menores del primer período, es decir, aquel que se encuentra entre 1939 y fines de 1950, porque el Tribunal Supremo ha dicho que los crímenes del franquismo no se pueden investigar, y por tanto quedan impunes, aunque se trate de crímenes de igual naturaleza. Sin embargo, la circular es importante porque, por un lado, refleja el éxito de una lucha desigual y denodada por parte de un importante sector de la sociedad española y, por otro, porque podría abrir una brecha para comenzar a investigar los crímenes del franquismo. Confiamos en todo caso en que haya fiscales que se atrevan también con ellos. Esto, que fue un plan legalizado de apropiación de menores, se convierte entre fines de la década del ’50 hasta principios de los ’90, bien entrada la democracia, en una práctica generalizada.

–¿Cuál se supone que fue el destino de los bebés?

–Muchas instituciones públicas y privadas comienzan a hacer negocios con los niños. Las familias pudientes se apuntaban para tener niños que les quitaban a madres pobres o solteras con la complicidad de instituciones del franquismo. Los implicados son múltiples: médicos, monjas, parteras, funcionarios, abogados, enfermeras y un largo etcétera.

–Detrás de la circular también está el reclamo de familiares de víctimas del franquismo.

–Desde hace algunos años, hermanos de esos chicos apropiados, que a través del relato familiar acerca de cómo sus hermanos habían muerto teóricamente al nacer, comienzan a descreer de esa historia oficial y se lanzan a investigar. Por otro lado, muchos padres dudaban sobre el futuro de sus hijos pero no se atrevían a investigar por miedo o desconocimiento. Surgen así las asociaciones de bebés robados. Hoy hay más de 20 entidades que reclaman por los niños apropiados.