Catorce guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) murieron en un bombardeo conjunto de la policía y la Fuerza Aérea. La operación comenzó el 31 de diciembre, tras el inicio del diálogo de paz entre el gobierno y la organización guerrillera.

El general José Roberto León, director de la policía nacional, informó ayer en una rueda de prensa que en la operación denominada Fortuna –desplegada desde la madrugada del 31 de diciembre sobre una zona rural del municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia (noroeste)– sobrevivieron sólo dos guerrilleros. Entre ellos se encuentra la segunda al mando del Frente 5 de las FARC, María Elda Ramírez, alias Mayerly, a quien se le atribuye el control de la producción y comercialización del 50 por ciento de la cocaína que sale de la zona, así como diversos atentados y secuestros. La policía interceptó una comunicación entre Mayerly y otro sujeto en la que relata que tras el bombardeo están “mal” y que se encuentra herida, acompañada sólo por una persona más en el campamento. La guerrillera agregó que “no hay por dónde” salir de la zona y que aguardaban a que vinieran a recogerlos. “Apenas somos dos vivos, el resto están todos muertos”, concluyó.

Según la policía, Mayerly manejaba las finanzas y parte de la inteligencia del Frente 5 en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Mutatá, que integraban unos veinte insurgentes, incluido su compañero sentimental conocido como El Coste. Asimismo, tuvo responsabilidad en la activación de un artefacto explosivo que el 28 de marzo de 2009 dejó a 15 personas heridas en Apartadó, así como en el ataque de El Porroso, donde en 2005 les causó la muerte a 19 soldados y heridas a otros cinco. En 2002 fue la responsable de un secuestro múltiple de ocho personas entre los municipios de Chigorodó y Mutatá. El Frente 5 de las FARC actúa en pueblos que hacen parte del golfo de Urabá, un importante corredor de la droga en el norte del país por su acceso al océano Atlántico y su proximidad con Panamá.

La operación Fortuna sigue en su fase de “consolidación”, y hasta el momento permitió el decomiso de 13 fusiles, cinco AK-47, cuatro M-16, cuatro M-4 y dos escopetas de calibre 16. También elementos logísticos, alimentos y documentación de interés para la inteligencia policial.

Las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos abrieron en 2012 un proceso de paz que ya ha cumplido dos ciclos de conversaciones y que se reanudará el 14 de enero en La Habana, sede del diálogo. Durante estas negociaciones está establecido que las partes sólo declararán un alto al fuego bilateral cuando se alcancen acuerdos concluyentes del conflicto, por lo que la fuerza pública continúa desarrollando sus operativos en el territorio colombiano. No obstante, las FARC declararon una tregua unilateral para la temporada navideña entre el 20 de noviembre y el 20 de enero que, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), han violado en más de trece ocasiones. De hecho, minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre de 2012 se registró un ataque con explosivos contra una estación policial en Guapi, pueblo del departamento del Cauca en el Pacífico colombiano, que las autoridades atribuyen a las FARC.

Más allá del diálogo, y sin el alto del fuego, el gobierno también avanza en la restitución de tierras. En este contexto, el ministro colombiano de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció ayer que las personas que fueron desplazadas de sus tierras por las FARC en una zona rural en Ataco, municipio del Tolima, recibirán sus títulos de propiedad a mediados de enero y entonces podrán regresar a sus predios. “Las primeras víctimas despojadas por las FARC, que en este caso son de la jurisdicción del municipio de Ataco, regresan en enero a sus terrenos”, indicó el funcionario en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo. El ministro, que lidera en coordinación con otros organismos estatales la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, comentó que ya han salido los primeros fallos de restitución. “Por las víctimas, sabemos que cerca de un tercio de solicitudes son por despojo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y un poco es por paramilitares”, precisó el ministro. Las fuerzas de seguridad acompañarán este proceso para que las víctimas no vuelvan a ser intimidadas por los victimarios, pues, según reconoció el ministro, en el primer año de vigor de esa ley se han pisado muchos “callos” y se han “visto aparecer amenazas y enemigos, unos desembozados y otros agazapados”.

Restrepo recordó que la restitución judicial arrancó con los primeros fallos sobre la entrega de las tierras a los campesinos despojados en Mampuján, en el norteño departamento de Bolívar. “En el primer semestre de 2013 vamos a ver una cosecha nutrida de fallos de restitución de tierras”, prometió el ministro. Y advirtió que hay cerca de 900 demandas interpuestas y cuatro mil en camino.