Más de 15 mil personas asesinadas en México en los últimos seis años permanecen sin identificar. Según cifras difundidas ayer por el diario La Jornada, el 97 por ciento de los cuerpos no identificados fueron sepultados en fosas comunes.

Los números citados por el periódico provienen del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la fiscalía general. De los datos se desprende que, de enero de 2006 a agosto de 2012, se realizaron análisis genéticos de 15.618 personas que no portaban identificación al momento de morir de manera violenta, entre ellos migrantes y fallecidos en enfrentamientos entre bandas rivales o con fuerzas de seguridad. Sólo 425 pudieron ser identificados. La Jornada detalló que en el país hay trece estados, sobre un total de 32, que carecen de laboratorios de genética y en el resto no hay reglas homologadas para el manejo de restos humanos. En esos trece estados, los desconocidos son enviados a la fosa común con expedientes incompletos y sin que sus huellas dactilares, peritajes de fotografía o genética hayan sido confrontados con los datos nacionales que poseen la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Como informó el medio, cada estado tiene sus plazos particulares para enviar un cadáver desconocido a la fosa común y detalló que el tiempo de retención oscila entre 24 horas y seis meses. Depende de la infraestructura, el número de peritos o especialistas en medicina forense, las normas sanitarias y las decisiones que toma el Ministerio Público de cada lugar. En Oaxaca, Guerrero y Sonora es aleatoria la toma de muestras genéticas de los cuerpos. Por el contrario, lugares como Jalisco, Chihuahua, estado de México y el Distrito Federal cuentan con bases de datos en las que existen registros fotográficos, dactiloscópicos, genéticos y descriptivos de cada una de las personas desconocidas.

Durante el gobierno de seis años del conservador Felipe Calderón, que concluyó el 1º de diciembre, murieron unas 70 mil personas en hechos asociados con el crimen organizado, según estimaciones de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto. De manera oficial no se dio a conocer el número de personas desaparecidas. El diario norteamericano The Washington Post afirmó a finales del año pasado que la Procuraduría General de la República tiene una lista de 25 mil desaparecidos, pero el fiscal general, Jesús Murillo Karam, desconoció la existencia de ese listado.