La condena a muerte para 21 acusados por su implicación en la masacre del estadio de Port Said actuó ayer como combustible sobre la hoguera en que arde Egipto. Inmerso en una grave crisis social y política, la jornada de violencia dejó al menos 31 muertos y 300 heridos. El Consejo de Defensa Nacional, máximo órgano de decisión en asuntos de seguridad, advirtió ayer que podría decretarse el toque de queda.

Los familiares de los detenidos y los seguidores del club de fútbol local Al Masry reaccionaron con ira en Port Said (noreste) ante la sentencia del tribunal penal que recomendó la pena capital para 21 de los acusados por los enfrentamientos ocurridos el 1º de febrero de 2012 entre seguidores de Al Masry y del club cairota del Al Ahly, el más popular del país, que dejaron un saldo de 74 personas muertas y 254 heridos. El juez ordenó trasladar sus expedientes ante el Mufti –la máxima autoridad religiosa del país– que deberá emitir un dictamen y, luego, el tribunal dará a conocer en marzo la sentencia definitiva. Mientras en la sede de la Academia de Policía de El Cairo las familias de la víctimas estallaban de júbilo, en Port Said una multitud se dirigía a la prisión para tratar de asaltarla. Poco después comenzaron los disparos y el caos que acabaron con la vida de 31 personas y les causaron heridas a más de 300, según el último balance que proporcionaron las autoridades egipcias.

A diferencia de otros episodios de violencia en Egipto, las armas de fuego hicieron una rápida aparición en Port Said, como confirmó el director del departamento de hospitales de esa provincia, Abderrahman Farah. El Ministerio del Interior, que reseñó la muerte de dos oficiales de la Seguridad Central, llegó incluso a acusar a algunas partes de utilizar armamento pesado en las disputas que le produjeron la muerte al futbolista Mohamed al Dadui, que jugaba para el club local Al Marrij, de la Segunda División egipcia, y al antiguo arquero del equipo Al Masry, Tamer al Fahla, vencedor con su club de la Copa de Egipto en 1998, entre otros, según la agencia oficial Mena.

Mientras la situación en la ciudad egipcia se convertía en una pesadilla de tiros y corridas, en El Cairo continuaban ayer las manifestaciones y los choques con la policía en torno de la plaza Tahrir y el Ministerio del Interior. Tras los nueve muertos del viernes en Suez e Ismailiya (Este) y los cientos de heridos en todo el país, Egipto continúa sumido en una crisis de difícil salida. La situación llevó al Consejo de Defensa Nacional, máximo órgano de seguridad de país, a reunirse de urgencia. Al término de la reunión del Consejo –que engloba al presidente del país, Mohamed Mursi, la cúpula militar y los principales ministros–, el ministro egipcio de Información, Salah Abdel Maqsud, leyó un comunicado a través del cual anunció que podría decretarse “el toque de queda o el estado de emergencia en los sitios que detecten perturbaciones”. “Las Fuerzas Armadas son propiedad del pueblo egipcio y mantienen la equidistancia con todas las fuerzas políticas, pero son conscientes de su deber nacional y de los derechos de su pueblo a proteger sus instituciones”, señaló el comunicado.

En el encuentro se decidió convocar un nuevo diálogo nacional amplio que estará dirigido por personalidades nacionales independientes para debatir sobre los puntos de discordia política y alcanzar un consenso y que tendrá el objetivo de lograr un acuerdo sobre los mecanismos que garanticen que las elecciones legislativas, previstas para primavera, se celebren en un ambiente transparente y sin exclusión de ninguna corriente. Asimismo, el Consejo añadió que tomó en consideración las reivindicaciones de los manifestantes que el viernes salieron a las plazas con el objetivo de “completar la revolución” del 2011, en la que fue derrocado el ex dictador Hosni Mubarak.

Por su parte, los Hermanos Musulmanes atribuyeron ayer la responsabilidad por los disturbios a un plan premeditado, estimulado por los medios de comunicación y que contó con el “apoyo implícito del silencio de la oposición”. “La prensa desinformadora no sólo cargó en la gente el odio contra el régimen y la instó a salirse de la legitimidad, sino que también difundió los planes del sabotaje antes de ponerlos en marcha”, resaltaron.

A su juicio, eso demostró que alguien planificó, financió y repitió esos planes en varias provincias. Y señalaron que mientras el pueblo egipcio se preparaba para recoger los frutos de su revolución de 2011, fue sorprendido. “Intentan convertir la esperanza en pesadilla y la alegría en duelo y propagar el pánico y el terrorismo en varias regiones”, añadieron. En tanto, el Frente de Salvación Nacional (FSN), principal coalición opositora, amenazó ayer con no participar en las próximas elecciones legislativas si no se anula la actual Constitución y no se forma un ejecutivo de unidad nacional.

Los enfrentamientos de Port Said se produjeron un día después del segundo aniversario de la “revolución” que depuso a Mubarak, marcado también por la violencia entre manifestantes hostiles a Mursi y la policía que dejó nueve muertos y 530 heridos, según fuentes médicas.