Desde la medianoche de ayer, hora de España, el yerno del rey Juan Carlos I tiene cinco días para depositar una suntuosa fianza. Imputado en un caso de corrupción que sacudió a la monarquía española, Iñaki Urdangarin (foto) y un ex socio deben entregar los ocho millones de euros que les impuso la Justicia y que ellos recurrieron. El duque de Palma advirtió que podría acudir ante el Tribunal Constitucional por haberse vulnerado su derecho de defensa. Urdangarin, esposo de la hija menor del rey de España, y su ex socio Diego Torres son investigados por presunta malversación de fondos públicos a través de una sociedad sin fines de lucro, el Instituto Noos, que el yerno del monarca presidió entre 2004 y 2006.

El juez que instruye el caso decidió el miércoles imponerles conjuntamente “una fianza civil por un importe de 8.189.448,44 euros para responder por las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra”. Considerando que el objetivo de Urdangarin y Torres “no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno”, la fiscalía asegura que el pago impuesto, que ronda los casi once millones de dólares, corresponde a lo que Noos cobró de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia por la organización de eventos deportivos y turísticos, que supuestamente habría sido destinado a las cajas de empresas en manos de los acusados.

No se trata, por lo tanto, de una fianza para evitar la prisión –ambos están en libertad en espera del fin de la investigación–, sino de un depósito que debería cubrir el supuesto daño patrimonial a las finanzas públicas. El abogado de Urdangarin presentó el martes un recurso en el que, entre otros argumentos, pide que se reduzca el monto a depositar, porque desembolsar tal cantidad representaría un injusto empobrecimiento para su cliente.

Ante la prensa, el letrado aseguró asimismo que estudiará un posible recurso ante el Tribunal Constitucional español para lograr la anulación del procedimiento por vulneración de los derechos de la defensa. De momento, Torres también recurrió a la fianza, según una fuente judicial de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, donde se instruye el caso.

Sin embargo, esto no les exime de pagar el importe, para lo que el juez les había dado, en principio, hasta la medianoche de ayer, advirtiéndoles que “de no hacerlo en el plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla”.

Urdangarin, de 45 años, ex campeón olímpico de balonmano, y la infanta Cristina, de 47, con quien está casado desde 1997, poseen un palacete en Barcelona por el que, según la prensa española, pagaron casi seis millones de euros. Pese a que siempre negó haber cometido ningún delito, las acusaciones en su contra dañaron gravemente la imagen de la familia real española en un contexto de grave crisis económica y de incesantes escándalos de corrupción y fraude entre las elites política y económica del país.