Desde Quito

Desde su llegada al palacio Carondelet, Rafael Correa comenzó a desarrollar una red de medios públicos, integrada por los diarios estatales El Telégrafo y PP El Verdadero, la agencia de noticias Andes, Ecuador TV y la Radio Pública. Una red a través de la cual Correa le da pelea a la “gran prensa” –así la llama–, como son los diarios de mayor peso en la opinión pública, El Universo y El Comercio, y los canales de TV Ecuavisa y Teleamazonas, que establecen una línea editorial opositora. Su gobierno no logró aprobar la ley de comunicación que entró en la Asamblea Nacional en septiembre de 2009, porque no consiguió el número de votos suficientes. Si el oficialista Alianza País consiguiera hoy la mayoría en el legislativo, la ley de medios sería prioridad.

Correa califica habitualmente a los conglomerados mediáticos de “mediocres e incompetentes”. El proyecto de ley que reimpulsaría un nuevo gobierno suyo plantea que la frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente, otorgando un 33 por ciento para medios públicos, un 33 por ciento para medios privados y el 34 por ciento para medios comunitarios. Hasta ahora, cerca de 85,5 por ciento de las frecuencias radiales son privadas, 12,9 por ciento públicas y 1,6 por ciento comunitarias, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. En el caso de la televisión, 71 por ciento son privadas y 29 por ciento públicas.

Asunta Montoya, secretaria ejecutiva de la Organización Católica Latinoamericana de Comunicación (Oclacc) explica los motivos por los que apoyan la aprobación de la ley junto a otras redes de comunicación. “Garantiza la plena libertad de expresión y de información; democratiza la radio y la televisión distribuyendo equitativamente las frecuencias y elimina los monopolios. Además, fomenta la producción nacional y promueve la comunicación intercultural y plurinacional, entre otros aspectos.”

El proyecto de ley aumenta a 30 años las concesiones de frecuencias, inicialmente reducidas a cinco. Sus detractores cuestionan que se establezca la creación de un ente de regulación que controlaría la emisión de contenidos discriminatorios, sexuales y violentos, así como la redistribución del espacio radioeléctrico. El ente, que contará con un delegado del Ejecutivo, no tendría posibilidad de suspender ni clausurar un medio y sí podrá imponer sanciones administrativas.

Los críticos señalan que las primeras regulaciones se fijaron con la Constitución de 2008, que prohibió a los banqueros ser dueños de medios. Montoya discrepa con ellos. “Actualmente no existe regulación de los medios por parte del Estado. Lo que sí existe son disputas mediáticas entre el gobierno y los dueños de los grandes medios, aliados de la derecha, dando lugar a dos polos permanentemente enfrentados.” Y en particular, sobre la regulación de contenidos incluida en la norma agrega: “De aprobarse la ley de comunicación esperamos que se aplique el artículo referido a la regulación de los medios de manera democrática y con la participación de la ciudadanía representada en veedurías, observatorios y consejos ciudadanos, en los niveles local, provincial y nacional”.

Rubén Darío, director del diario Expreso de Guayaquil, señala a Página/12 que no ve que sea necesaria una ley de medios. “Es innecesaria en la medida en que los periodistas deberíamos ser responsables de lo que publicamos y no debería haber una norma. Si hiciéramos las cosas bien, nadie pondría objeción a nuestro trabajo.”

Se le pregunta si no cree indispensable que se desconcentre y por tanto se democratice el espacio radioeléctrico. “No me opongo a una ley de comunicación si es justa, si atañe a todos los ciudadanos, tanto de medios privados como públicos. Incluso podría ser positiva. Los periodistas esperamos que sea una ley justa y pensada para todos, en la medida en que los medios públicos sean de verdad, porque algunos son progubernamentales”, afirma el director de un periódico que él califica como equilibrado. “No somos como el diario El Universo, que sí es opositor.”

A propósito de El Universo, en 2012 el mandatario logró que tres directivos y el columnista Emilio Palacio fueran sentenciados por injuria a tres años de prisión y el pago de 40 millones de dólares –que luego les perdonó–, por haber publicado una opinión en la que Palacio acusó a Correa de haber ordenado atacar un hospital con civiles donde estuvo retenido durante el intento de golpe del 30 de septiembre de 2010. En el artículo, el columnista llamó nueve veces dictador al presidente. Montoya señala los efectos de ese juicio contra el medio privado. “Los antagonismos más bien dieron lugar a un cierra filas de periodistas y medios privados en torno de la defensa y solidaridad con El Universo. Pero por otro lado también creció la conciencia de la necesidad de una pronta democratización de los medios de comunicación.”

Correa mismo, en una entrevista con este diario el 5 de diciembre pasado, reconoció que la querella contra los periodistas pudo ser uno de los frenos para la aprobación de la ley. “Probablemente. Pero es un ejemplo de que estos señores con su poder mediático están por encima de la ley. En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas.”

El presidente aclaró que su pelea es con los directivos y no con los periodistas, cuyo sueldo básico ordenó subir en diciembre en un 69 por ciento para colocarlo en 817 dólares y se dijo dispuesto a subsidiar el aumento. La disputa ideológica entre los medios privados y su gobierno es innegable. Tras la probable reelección de Correa, los rivales continuarán por la misma senda.