La herida de los desahucios se ensañó con otro español. Una mujer se quemó a lo bonzo en la ciudad valenciana de Castellón, dentro de la sucursal de un banco con el que, al parecer, tenía una deuda y estaban por desalojarla por impago hipotecario. “¡Mirad lo que me habéis hecho, me lo habéis quitado todo!”, dijo la víctima –que tiene el 48 por ciento de su cuerpo quemado–, envuelta en llamas, según una testigo del dramático suceso.

La mujer, de 47 años, se roció con un líquido inflamable y se prendió fuego sobre el mediodía de ayer en el interior de una sucursal de la Caja Rural de Almassora de Castellón, al este de España. La víctima fue traslada al Hospital la Fe de Valencia, donde se encontraba en estado grave.

Una testigo de los hechos, María, propietaria de un bar colindante al banco, observó cuando la mujer salía de la sucursal con el cuerpo encendido por el fuego y caía al suelo. Antes de que llegara al lugar la asistencia sanitaria, esta testigo y otros vecinos pudieron escuchar a la mujer culpar al banco de la determinación tomada por su situación desesperante.

Según fuentes familiares, la mujer se encuentra separada, tiene tres hijos a su cargo y podría estar pasando dificultades económicas relacionadas con un proceso de ejecución de su vivienda (que en España se conoce como desahucio), pero no pensaron que podría prenderse fuego. Otra vecina consultada por la prensa local, Ana María Martí, dijo que la víctima vendía cupones de una organización de personas con discapacidades.

Este hecho dramático tiene lugar en pleno debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada días atrás a favor de una moratoria a todas las personas afectadas por desahucios por impago inmobiliario, que recientemente fue admitida a debate en el Congreso de los Diputados gracias a la presión social.

El gobernante Partido Popular (PP), con mayoría absoluta, se negaba a debatir este tema, pero el suicidio de un matrimonio de jubilados y las protestas ciudadanas lo obligaron a replantear su posición. La iniciativa ciudadana, que cuenta con el apoyo de más de 1,4 millón de firmas, plantea también la dación en pago, es decir, que los afectados puedan cancelar sus deudas con los bancos entregando el inmueble, algo que funciona en otros países europeos.

La principal fuerza opositora, el Partido Socialista (PSOE), y el PP se comprometieron a llegar a un rápido acuerdo a favor de una ley que tenga en cuenta la situación de las personas más vulnerables amenazadas de ser desalojadas de sus viviendas por impago.

En paralelo, el PP está tramitando su propia ley sobre desahucios tras aprobar hace unos meses un decreto que establece una moratoria de dos años en las situaciones más vulnerables, que la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH) considera insuficiente.