El Frente Amplio de Uruguay afirmó ayer en un comunicado de prensa que en un Estado de Derecho, “todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia”, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten “para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo”. En el documento, vinculado con el pedido de explicaciones a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la reciente remoción de la jueza Mariana Mota del fuero penal, el FA advierte que nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado.

Asimismo, y tomando nota de las dudas existentes en la opinión pública uruguaya respecto de la decisión del Tribunal Supremo, la coalición gobernante exigió “explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a Mota”, lo cual contribuiría “a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.

Por su parte, los dirigentes de la oposición acusaron al gobierno de propiciar un ataque a la Justicia al pretender citar al Congreso a los ministros de la SCJ para que expliquen el traslado de la magistrada que hasta la semana pasada tenía a su cargo la investigación de al menos el 40 por ciento de las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura charrúa. “Con la convocatoria a la SCJ al Parlamento, el Frente Amplio está dando un golpe de Estado parlamentario”, advirtió el senador Sergio Abreu, del opositor Partido Nacional. Citado ayer por el diario El País, de Montevideo, el funcionario afirmó que no está previsto que la SCJ ofrezca explicaciones al Parlamento sobre los traslados de los jueces.

Por su parte, el diputado Gustavo Borsari, del mismo grupo político, afirmó que no hay palabra alguna en el texto de la Constitución que admita que un parlamentario pueda convocar a la SCJ. Según la Carta Magna uruguaya, los legisladores tienen derecho a realizar pedidos de informes a ese cuerpo por escrito y por intermedio de la Cámara respectiva, recordó.

El jueves de la semana pasada la jueza Mariana Mota fue trasladada por la SCJ a un Juzgado Civil en el marco de una reestructuración que abarcó también a otros magistrados, según el máximo tribunal.

La magistrada estaba al frente de un Juzgado Penal que tiene en su órbita unos 50 casos de homicidios, desapariciones y torturas ocurridos en la dictadura. Un legislador de la gubernamental coalición de izquierda FA anunció una citación a los ministros de la SCJ para que comparezcan ante el Parlamento para explicar el traslado de Mota.

Mota dijo que su traslado se produjo sin fundamentos y que con ello se obstaculiza la visión de Justicia. Al llegar la magistrada para jurar en su nuevo cargo el viernes, un grupo de manifestantes ingresó con ella en el edificio de la Corte, lo que provocó la intervención policial, que los desalojó sin mayores incidentes gracias a la intervención de Mota para calmar los ánimos, informaron los medios locales.

Los manifestantes, entre los que se encontraban el escritor Eduardo Galeano y el cantante Daniel Viglietti (quien calificó el hecho como “un minigolpe de Estado”), se congregaron frente a la sede de la SCJ, en el centro de Montevideo, con pancartas con inscripciones como “Basta de impunidad” y “Justicia para los crímenes de lesa humanidad”.