La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985), por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en repudio al fallo.

En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares –en 1986 y 2009– en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.

La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de Montevideo. Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron. Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que “la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes”. El portavoz explicó que esa interpretación es “un disparate” y enfatizó que el alto tribunal “solamente se pronuncia sobre un caso concreto”. “Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran”, añadió. La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.

Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.

Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. “Por verdad y justicia nos concentramos en silencio” es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19. La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos De-saparecidos. Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). “Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad”, indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la SCJ es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”, informó La República. Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ “se puso del lado de la impunidad”, además de “desconocer” y “desacatar” un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver recuadro).

La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo “entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera” y agregó que “tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para ella”. Sin embargo, Mota se declaró “sorprendida” por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.