El Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) anunció ayer la finalización de la auditoría del ciento por ciento de los votos emitidos en las elecciones presidenciales del 14 de abril sin que se haya registrado “discrepancia alguna” entre los resultados difundidos y los verificados. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, indicó en cadena de radio y televisión que tras comprobar las 39.018 mesas electorales para un total de 15.056.716 comprobantes, “el total de comprobantes faltante es del 0,02 por ciento”, algo incluso inferior a lo registrado históricamente en las verificaciones. Además, los comprobantes perdidos cuentan con justificación “debidamente soportada” en actas de observación que explican las causas de la falta.

El resultado confirma los anuncios que venía dando el CNE desde que inició la auditoría, el 29 de abril, una revisión que inicialmente había pedido la oposición tras la apretada victoria de poco más de 200.000 votos del presidente, Nicolás Maduro, en las elecciones del 14 de abril.

Sin embargo, la oposición se desvinculó de la revisión, que incluía el 46 por ciento de las mesas no revisadas en la noche de las elecciones, después de que el poder electoral decidió no incluir en la supervisión los cuadernos de votación en los que constan las firmas y huellas de los votantes. Lucena declaró que el CNE no puede entregar los cuadernos de votación, petición expresa de la Mesa de la Unidad Democrática, porque el organismo tiene la “obligación” de resguardar esta información por la “sensibilidad” de sus datos.

Tras facilitar estos datos, Lucena defendió al ente electoral de las acusaciones de partidismo gubernamental que viene recibiendo por parte de la MUD, plataforma que agrupa a gran parte de la oposición, “Estos resultados dan cuenta de una realidad innegable: el procedimiento electoral es un hecho científico que debido a sus cualidades técnicas y rigurosos mecanismos de certificación permite que Venezuela cuente con un sistema electoral blindado contra el fraude y el error”, indicó Lucena.

Agregó que “la transparencia y seguridad de los resultados electorales en Venezuela son y seguirán siendo fiel reflejo de la voluntad soberana de los ciudadanos y las ciudadanas. Este poder electoral resistió innumerables y arteros ataques y hemos evidenciado la transgresión más grotesca de la relación entre el poder electoral y los partidos políticos”, declaró. Además, señaló que tras las elecciones “se sustituyó la lógica de las demandas y las críticas por la agresión y la violencia” y pidió reflexionar sobre “la verdadera naturaleza de estos ataques”, en alusión a los hechos de violencia que se produjeron tras las elecciones y que dejaron once muertos y 80 heridos. “No se trata de las personas, sino de un ataque al modelo político establecido en la Constitución de la República cuyo mecanismo de expresión es el sistema electoral”, afirmó.

Tras decidir no participar en esta auditoría, el líder de la oposición, Henrique Capriles, y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) impugnaron todo el proceso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia, que aún no se pronuncia sobre sus peticiones de repetición total o parcial de los comicios. La oposición venezolana concibe la impugnación de las elecciones del 14 de abril como una válvula de escape a las tensiones políticas generadas por la falta de legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijeron ayer dos asesores legales de la MUD. Los expertos constitucionalistas Gerardo Blyde y Gerardo Fernández advirtieron que Maduro está buscando legitimidad en “cualquier parte”, pero sigue en problemas por la negativa de Capriles a reconocer su triunfo electoral, que fue por una diferencia de 1,5 punto porcentual.

“La impugnación es una herramienta que nos da el ordenamiento jurídico y es una estrategia política que se ha convertido en una gran oportunidad para la constitucionalidad y la democracia.Esta es una solución a la crisis de legitimidad y la estamos ofreciendo”, dijo Fernández.