Uruguay conmemoró ayer el 40º aniversario del golpe de Estado que iniciaba un oscuro período de doce años (1973-1985). El acto principal consistió en una concentración y una marcha que recorrió la arteria principal de Montevideo en memoria de la huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el mismo día del golpe y que duró quince días. El acto culminó en la puerta del Teatro Solís, a escasos metros de la sede de la Presidencia uruguaya, donde se estrenó la serie de documentales Huellas. A 40 años del golpe, realizada por diversos cineastas uruguayos, de forma simultánea con otros auditorios de la ciudad.

La conmemoración contó con las intervenciones de un legislador por partido y fue acompañado por una numerosa presencia de dirigentes sociales, sindicales y representantes diplomáticos extranjeros en las tribunas, junto a los comandantes de las fuerzas armadas. Por la mañana, el presidente José Mujica y todo el gabinete como invitados conmemoraron la fecha en el Congreso nacional.

“Esta conmemoración es un nuevo pedido por el nunca más, la justicia y la memoria, y un recordatorio de que aún hoy en día se siguen viviendo secuelas de aquello”, dijo Baldemar Taroco, vicepresidente de la organización de ex presos políticos Crysol. “Cuarenta años, pero todavía hay huellas del terrorismo de Estado y aún se reclaman cosas que no se han restituido”, apuntó. Durante todo este mes han sido programadas numerosas conferencias y mesas redondas para analizar el golpe impulsado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, que suprimió las dos cámaras del Parlamento uruguayo y dio paso a la dictadura militar, con especial hincapié en el papel de los presos políticos y las víctimas.

Por su parte, el Parlamento reunió a sus dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, en una sesión extraordinaria que se centró en debatir la disolución y la prohibición de los partidos políticos decretada el 27 de junio de 1973. Asimismo, la intendencia de Montevideo realizó un recorrido por los rincones de la capital en los que se produjeron acontecimientos relacionados con el golpe de Estado y el período dictatorial.

También ayer la Televisión Nacional de Uruguay (TNU) lanzó un ciclo de documentales sobre el tema, un día después del reestreno de la obra teatral Antígona Oriental, protagonizada por ex presas políticas y que intercala el texto clásico de Sófocles con testimonios de víctimas de la dictadura y sus familiares.

Según la Comisión para la Paz creada para investigar aquel trágico período, la dictadura en Uruguay dejó 38 desaparecidos, aunque en Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos, en Chile ocho, en Paraguay dos y en Brasil, una. Aquel período significó un traumático paréntesis para la historia del país, uno de los que tiene una tradición democrática más arraigada de América latina.

Tras caer la dictadura, se celebraron unas elecciones democráticas que llevaron a la presidencia a Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Taroco anunció que existe un proyecto para que el 27 de junio sea declarado Día Nacional de la Memoria, no tanto para recordar la defensa de la democracia por parte de los sindicatos y los trabajadores como para homenajear a las víctimas. Para el activista, el actual gobierno uruguayo, pese a estar en manos del Frente Amplio, que gobierna desde 2005, no hizo todo lo posible por que las secuelas del terrorismo de Estado desaparezcan, como por ejemplo la impunidad.

Al concluir la dictadura, el Parlamento aprobó en 1989 la Ley de Caducidad, una especie de ley de amnistía para los que cometieron crímenes en aquella época que fue ratificada por la población en dos referéndum en 1989 y 2009. En la práctica esa norma dificulta el procesamiento de los violadores de derechos humanos de aquella época y aunque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la ha declarado inconstitucional en algunos casos, sigue siendo considerada un obstáculo para investigar el paradero de los desaparecidos.

El director de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, consideró que aunque no le gustó el fallo contra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, había que respetarlo. De todas maneras, explicó que el derecho es una herramienta para hacer política y señaló que se debería debatir si no es necesario una reforma constitucional sobre temas judiciales, que establezca un Tribunal Constitucional que sea el que decida sobre las inconstitucionalidades en lugar de la SCJ.

De hecho, la SCJ confirmó el martes la revocación de un fallo penal que había procesado en 2011 a dos militares por crímenes cometidos por el régimen dictatorial. La Justicia “desestima el recurso de casación interpuesto, no hace lugar al mismo y de esta forma deja firme la sentencia del tribunal”, que en 2012 absolvió a los militares retirados Walter Gulla y Enrique Rivero, declarados culpables en primera instancia del homicidio de Horacio Ramos, militante del movimiento guerrillero MLN-Tupamaros, quien fue encontrado sin vida por ahorcamiento en una cárcel en 1981.

Con esta resolución, fechada el 17 de junio, se mantiene la sentencia a la que se llegó en segunda instancia, luego de que los abogados defensores apelaran el fallo y tras una segunda reconstrucción del episodio que puso reparos a las pruebas. La sentencia causó un gran impacto entre los organismos de derechos humanos porque se conoció a un día de que se cumplan 40 años del golpe de Estado y a pocos meses de que la SCJ considerara inconstitucional una ley que declaraba imprescriptibles los delitos cometidos durante la última dictadura.