Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en el centro de Atenas y Salónica en la huelga general convocada contra los despidos de empleados públicos que el gobierno del conservador Antonis Samaras pactó con la troika a cambio de un nuevo tramo de financiación. La huelga, la cuarta general del año, convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Grecia (Adedy, del sector público, y GSEE, del privado), tuvo un dispar acatamiento. La ley acordada con la troika, que incluye el despido de los empleados públicos, además de un nuevo índice impositivo y otras iniciativas de ajuste, comenzó a debatirse ayer en el Parlamento en sesión plenaria y será votada hoy por la noche, aunque no se esperan sorpresas, ya que la coalición gobernante controla 155 de las 300 bancas. Según Adedy, la huelga tuvo un acatamiento de entre el 55 y el 85 por ciento en organismos ministeriales, Salud Pública y municipalidades. El transporte público también acató, con excepción del subte y el tranvía que desde febrero tienen prohibido hacer huelga, y los controladores aéreos que llevaron a cabo un paro de media jornada, lo que provocó la cancelación de once vuelos y retrasos de una treintena, todos ellos de cabotaje. En tanto, la otra central sindical, GSEE, señaló que la participación de los obreros industriales en la huelga fue de entre el 55 y el 75 por ciento. El comercio, en cambio, abrió como un día normal. Entre 16.000 –según la policía– y 50.000 personas –según los organizadores– se manifestaron en Atenas, en tanto otras 7000 se dieron cita en Salónica, la segunda ciudad del país. En ambas ciudades la mitad de los manifestantes marchó convocado por PAME, el sindicato ligado al Partido Comunista de Grecia (KKE).

“La política de despidos masivos que exige el nuevo memorando es el inicio de un nuevo modelo de gobierno antidemocrático”, denunció Adedy a través de un comunicado. Kostas Pagonas y Andreas Stathopulos, dos miembros del sindicato de maestros OLME, advirtieron que el gobierno acabará con 51 especialidades de formación profesional: enfermería, artes gráficas, decoración y peluquería, entre otras, dejará a 21.000 alumnos sin la posibilidad de acabar sus estudios en la educación pública y beneficiará así a la escuela privada.

A los 2500 profesores de esas especialidades ya se los notificó del despido, pese a que esta medida no fue aprobada por el Parlamento. Grecia acordó con la troika despedir a 4000 empleados públicos a fin de año y poner a 25.000 en el esquema de reserva laboral, por el que cobrarán parte de su salario durante ocho meses y luego serán reubicados o despedidos. Dentro de este esquema entrarán los 2200 celadores escolares y los 3500 policías locales que existen en Grecia. “Nos despidieron a mediados de julio y sin el previo aviso que exige la ley. Nuestro despido es ilegal, tenemos contrato indefinido”, denunció el celador Filippos Vassiliu.