El Parlamento griego aprobó anoche una ley que contempla el despido masivo de empleados públicos y una serie de reformas pactadas con la Unión Europea y el FMI como condición previa para continuar recibiendo millones de euros para “rescatar” las deficitarias finanzas del país europeo. Antes de que finalizara la votación, y luego de dos días de intensos debates, el oficialismo griego alcanzó anoche la mayoría necesaria, con 153 votos sobre el total de 300 escaños.

La parte más polémica del texto aprobado se refiere a los despidos de empleados públicos, una nueva medida de ajuste que ya puso a los funcionarios en pie de guerra y provocó una huelga nacional de tres días de los Ayuntamientos esta semana. En total, 4000 funcionarios serán despedidos en 2013 y 11.000 más en 2014. Además, 25.000 empleados públicos deberán entrar este año en el esquema de movilidad laboral, la mitad de ellos antes de septiembre.

Este sistema establece que esos empleados públicos cobrarán un 75 por ciento del básico de su salario durante un período de ocho meses, al final del cual se decidirá si son reubicados o despedidos de forma definitiva.

“El esquema de movilidad laboral no funcionará porque no quedan puestos de trabajo en la administración pública”, explicó Jristos Antoniu, del sindicato de profesores OLME, mientras protestaba anoche junto a otras 5000 personas frente al Parlamento griego.

Para Antoniu, lo más probable es que los 25.000 trabajadores serán despedidos, como ya está ocurriendo con los empleados públicos que ingresaron a este esquema en los últimos años. Vivi y Alexia, dos funcionarias del Ayuntamiento de la ciudad de Patras, también viajaron a la capital para participar en la protesta.

“Y no es porque sobremos, porque en el Ayuntamiento falta personal para hacer frente a todo el trabajo, sino porque quieren externalizar los servicios para que empresas privadas hagan dinero”, agregó la funcionaria.

Dentro del Parlamento, en tanto, el ministro de Reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis (ND), defendía la necesidad de “tomar decisiones difíciles” de forma “rápida”.

El principal argumento del oficialismo griego fue que, de no aprobarse la ley, la llamada troika –el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea– no desembolsaría la totalidad del “rescate financiero”. Alexis Tsipras, líder de la principal fuerza de izquierda en el Parlamento, Syriza, se negó a aceptar ese argumento y advirtió que el futuro del país está siendo “opacado por las constantes amenazas de los ‘rescates’ acordados y la esclavitud impuesta por la troika”, según el diario local Ekathimerini.

La ley aprobada ayer también incluye un nuevo sistema fiscal que, según defendió el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, será más “justo, simple y eficaz” que el anterior. Sin embargo, este sistema fiscal establece que los representantes de “organizaciones internacionales” en Grecia que residen en el país, como las que componen la troika, no pagarán impuestos.