Desde Bogotá

Al llegar la noche, los militares –fusil al hombro– siguen patrullando la avenida séptima de Bogotá. Andan de a dos o de a cuatro, a pie y en camiones; y los policías montan motos y autos más pequeños de vidrios oscuros. La capital sigue tensa en medio del paro agrario que continúa en la mayoría del país, tras los violentos episodios desencadenados durante el fin de semana. Dos muertos, 80 heridos graves y cientos de detenciones ilegales en Bogotá es el saldo que preocupa a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad. En todo el país 512 personas fueron detenidas, pero ni un solo policía ha empezado a investigarse.

La población civil de esta urbe habitada por ocho millones de personas está llevando una difícil parte de la convulsión social y de seguridad que vive Colombia hoy. Las plazas continúan desabasteciéndose y los transportadores anunciaron también paro. Este se suma a las protestas mineras, también vivas actualmente, y el paro agrario, que hoy suma 12 días y cuenta con el apoyo de estudiantes y trabajadores. Según el comandante de la policía de Bogotá, Luis Martínez, “entre el 19 y el 31 de agosto hubo 326 acciones vandálicas, 109 policías lesionados, 21 marchas, asonadas contra tres CAI, 326 establecimientos comerciales afectados y seis estaciones de TransMilenio gravemente averiadas”.

Para Andrés Idárraga, “la sensación de injusticia es muy profunda. Bogotá no puede ser la víctima de la militarización, del toque de queda, de la restricción de derechos. Los vándalos, las mafias, deben ser objeto de una investigación judicial, sí; pero la gente no puede seguir siendo afectada en sus derechos a la movilidad, la salud, la educación, el trabajo”, asegura el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. En diálogo con Página/12, el funcionario público contó que él mismo fue agredido por la policía durante los momentos más violentos vividos el pasado jueves en la Plaza de Bolívar. “Si eso hicieron conmigo, que estaba identificado como funcionario del gobierno, qué no están haciendo con los civiles como vemos en los videos”, pregunta Idárraga. “La policía te puede detener, pero no te puede golpear, eso se llama trato cruel y está prohibido”, anota el abogado.

Idárraga le cuenta a este diario que la noche del pasado viernes, 14 menores de edad fueron llevados a una estación de policía en la localidad de Bosa. “Todos tenían la cabeza rota, dos de ellos tenían los hombros dislocados, y uno afirmaba que fue atropellado por motos de la policía”. El responsable de la cartera de Derechos Humanos exige a la policía que se identifique plenamente, así como que respete la dignidad y derechos de todos los protestantes y los detenidos, pues hay casos que preocupan aún más a su despacho: un joven asesinado en la localidad de Suba, uno más que recibió un disparo en la Plaza de Bolívar y una mujer que asegura que la policía la arrojó de un puente. “El chico al que le dispararon a menos de dos metros con una granada pierde el labio superior, sus dientes; más tarde una chica, presuntamente, fue lanzada de un puente vehicular por agentes de la policía en la Calle 26 con Avenida Caracas. Ella está en la clínica y dice que tiene testigos”, cuenta Idárraga.

Para el hombre, la situación más complicada es en Bogotá, porque buena parte de las movilizaciones y la fuerza central de la organización social al frente del paro se concentra en la capital. Además, la causa campesina está ganando cada vez más apoyos entre los ciudadanos de a pie. “Esta protesta responde a un sentimiento de injusticia muy profundo y acumulado por muchos años. Nuestra tarea como Estado es garantizar el derecho a la movilización social y a la protesta pacífica; y los desmanes nos llevan a pensar que, efectivamente, hay gente solidaria y pacífica, pero también vándalos, y que en esta situación tan difícil las fuerzas del Estado, me refiero a la policía, no pueden responder de la misma manera. La policía tiene un entrenamiento y está dotada con armas para dispersar, pero está asumiendo respuestas de confrontación, lanzan piedras, y no están cumpliendo el protocolo de uso de sus armas”, asegura Andrés.

Según videos publicados en la web, agentes de la Sijín de la policía rompieron vidrios y dañaron fachadas, robaron celulares a los civiles para que no grabaran, y golpearon por la espalda, y encubiertos de civil, a periodistas, como le ocurrió a Luis Noriega, fotógrafo, de Agencia EFE. “Están causando daños físicos a los manifestantes, entre los que me incluyo”, agrega el funcionario.

Para mañana están previstas nuevas marchas en Bogotá y el país. El toque de queda, ordenado por el alcalde Gustavo Petro para algunas localidades, sigue, así como la medida de militarización ordenada por el presidente Juan Manuel Santos. Al cierre de esta edición, el gobierno sólo había logrado llegar a un acuerdo con los indígenas y labriegos del sur del país, departamento de Nariño. Pueblos y lugares apartados de las capitales seguían bloqueados. “Nuestra generación no ha vivido una situación de protesta así de difícil en casi treinta años”, asegura Martínez, de la Policía Bogotá. Idárraga está esperanzado en que “no terminemos en otra jornada de sangre. Es urgente pensar cómo detener la escalada de violencia en el país; además, la población civil y la policía antimotines deben establecer conjuntamente un protocolo de actuación, mientras la protesta legítima y pacífica continúa”.