Además de asumir su responsabilidad, el gobierno de Mariano Rajoy debe implementar un plan nacional de búsqueda de de-saparecidos, derogar la Ley de Amnistía, legislada en 1977, y juzgar las desapariciones forzadas de la dictadura de Francisco Franco. Son algunas de las sugerencias volcadas en un documento que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas elaboró durante una visita a España que culminó ayer. Los especialistas también pidieron al Estado español que coopere con la Justicia argentina en la única causa abierta por crímenes del franquismo. Las recomendaciones del grupo de la ONU surgen luego de constatar la “situación de impunidad” de funcionarios civiles, judiciales y de las fuerzas de seguridad que cometieron delitos de lesa humanidad en el país ibérico y aún no fueron juzgados.

Luego de reunirse con autoridades y asociaciones de víctimas del franquismo, los expertos señalaron la necesidad de establecer, en la Justicia española, la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción sólo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada. Creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, este grupo señaló que resulta esencial que el Estado actúe “con la debida urgencia y celeridad” en materia de de-sapariciones forzadas.

Sobre el marco legislativo, los especialistas de la ONU consideraron que España debe ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. En este sentido, instaron al Estado a formar a jueces y fiscales en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y otros instrumentos de justicia internacional.

En materia de verdad y memoria, el grupo de trabajo consideró que la creación de una entidad estatal, con pleno apoyo institucional, encargada de ocuparse de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, que incluya el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre desapariciones, es imprescindible. Su objetivo: reagrupar la información generada por distintas asociaciones de memoria histórica y grupos de investigación.

Asimismo, el grupo de trabajo recomienda que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal Nº 5, con información sobre más de 114.000 victimas del franquismo, debería estar a disposición del público en forma inmediata. España, desde la perspectiva de los relatores de la ONU, debería fomentar la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas de-saparecidas, la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. El Estado español, reza el texto, debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.

En diálogo con Página/12, Ana Messuti, miembro del equipo de abogados que patrocina a las víctimas del franquismo, resaltó la importancia que el grupo de la ONU asigna a la lucha contra la impunidad. “Su apoyo a la querella argentina se observa claramente cuando se refiere a la situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura”, señaló la letrada, desde Madrid. Carlos Slepoy y la abogada se reunieron con el grupo de trabajo el lunes de la semana pasada durante una hora y media. “Hablamos de la dificultad con la que tropiezan las víctimas al reunir la documentación probatoria necesaria: archivos inaccesibles, documentos modificados (muchas veces se ve claramente que han suprimido datos)”, enumera Messuti.

También señala que los especialistas se refieren a esa dificultad en sus recomendaciones, al mencionar la resistencia a desclasificar ciertos documentos y las barreras que deben sortear las víctimas para consultar información. Este informe es preliminar. El documento final será presentado en 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. España está ante una posibilidad única: juzgar los crímenes del franquismo en ese país y saldar una deuda con su pueblo.