Las FARC divulgaron ayer, al retomar las negociaciones de paz con el gobierno colombiano, un “primer informe” sobre el estado de las conversaciones, en el que revelan que se lograron unas 25 páginas de “acuerdos parciales”, aunque “modestos”, y rechazaron ser los responsables de que no se haya progresado más. El documento distribuido por Internet a la prensa desde La Habana rechazó la posición gubernamental en torno de este tipo de revelaciones, al señalar que “no existe ninguna restricción para hablar de lo acordado”.

Humberto de la Calle, negociador principal del presidente Juan Manuel Santos en Cuba, había dicho que existe una prohibición expresa de divulgar detalles de las negociaciones. “El acuerdo dice que las discusiones de la mesa no se harán públicas, y para nada se refiere a lo convenido”, respondió el informe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Luego de 14 ciclos de intercambios en los que las FARC pusieron sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de participación política y ciudadana, aunque se haya llegado a algo más de 25 hojas de acuerdos parciales, los alcances son modestos”, indicó el texto leído ante los medios por el número dos de las FARC, Iván Márquez.

La semana pasada, el máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, anunció que sus representantes en los diálogos iban a elaborar un informe para mostrar la verdad de lo que sucede en La Habana, si bien el documento presentado ayer no aporta revelaciones sustanciales sobre las negociaciones. En este documento, los insurgentes repasan los acuerdos parciales obtenidos sobre la cuestión agraria, primer punto de la agenda del proceso, y manifiestan su confianza en que “se encontrarán salidas a temas esenciales para la transformación rural”, aún sin resolver.

Por otra parte, rechazaron nuevamente la “unilateralidad” de mecanismos como el marco legal para la paz aprobado en junio por el Congreso, así como la propuesta de referendo hecha por el presidente Santos para que la ciudadanía se pronuncie sobre los posibles acuerdos en paralelo a las elecciones del año próximo. Las FARC exigen, en cambio, realizar una Asamblea Constituyente, diferencia que llevó a ambas partes a intercambiar acusaciones en las últimas semanas.

Sobre el tema de las víctimas, que atañe al llamado Marco Jurídico para la Paz, las FARC insistieron en que se establezca una “verdad histórica” y que el resarcimiento incluya la obligación para las partes de un “perdón colectivo” y un pacto de “nunca más”, una vez alcanzada la paz.

En ese sentido manifestaron su invitación “al país entero a un día de reflexión y contrición, en el que todos los responsables por el conflicto social armado hagan presencia masiva en todos los rincones de la patria adolorida”, informaron varias agencias.

El informe también recordó que, de manera convenida, los negociadores han abordado en los últimos ciclos casi todos los puntos de la agenda y dijeron que ese debate ha dado “bastantes instrumentos, que harán más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana”. “Por ello, las demoras que se hubieren suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden ser tomadas como factor para fustigarnos a una celeridad que no ha faltado”, sostuvo la guerrilla, respondiendo a declaraciones efectuadas días atrás por el gobierno, donde aseguró que debían acelerarse los tiempos del diálogo.

Pese a alcanzar un primer acuerdo parcial a fines de mayo, las delegaciones están estancadas en el debate sobre la participación política. El decimoquinto ciclo de los diálogos abierto ayer tiene precisamente el reto de lograr avances en la construcción de acuerdos sobre ese punto, pero también enfrenta nuevas polémicas que marcaron el receso de los últimos días.

Por ejemplo, hubo confrontación por las condiciones de las FARC para dejar en libertad al ex militar estadounidense Kevin Scott, al que tiene secuestrado desde junio pasado. El gobierno de Santos y las FARC negocian desde noviembre de 2012 en La Habana para intentar poner fin al conflicto armado, que ha costado la vida a unas 220 mil personas en medio siglo en el país sudamericano.