Esta semana se decidirá el futuro de la causa por la masacre de Curuguaty, en la que once campesinos y seis policías murieron en una finca tomada el 15 de junio de 2012 en el este de Paraguay. El confuso episodio disparó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. “Se debate entre la nulidad completa o la elevación a juicio oral, por los delitos de invasión de inmueble, homicidio y asociación criminal”, explicó a Página/12 Fabricio Arnella, miembro de Articulación Curuguaty, que nuclea a organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales. Los 15 procesados son campesinos. No hay ningún policía imputado. “En este caso se ha violentado el Estado de Derecho de cabo a rabo”, sostuvo Arnella, quien consideró que no se respetó el debido proceso y que la causa está repleta de irregularidades.

La masacre de Curuguaty cimentó el retorno del Partido Colorado al poder y desnudó la lucha por la tierra en un país esencialmente agrario. Con el arribo de Horacio Cartes a la presidencia se inició un proceso de concentración de hectáreas y de persecución al movimiento campesino, dijo Arnella. “Paraguay va camino a la construcción de un enclave de carácter terrorista y neoliberal. Mientras en la región van perdiendo legitimidad los gobiernos de Santos y Piñera, hay una necesidad de fortalecer al Paraguay para intervenir en los demás países del Cono Sur”, afirmó.

–Según la Fiscalía, los campesinos emboscaron a la policía en Curuguaty.

–Hay muchísimos elementos que fueron saliendo a la luz y que contradicen la versión de la Fiscalía, que es tomada por los medios de comunicación con la intención de generar una conmoción tal que justifique el juicio. Existe un video donde se escucha que los primeros tiros son ráfagas de fusiles automáticos de la policía de elite, algo irregular para un desalojo: 324 efectivos policiales contra 63 campesinos. Según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay, al menos seis de los 11 campesinos fueron ejecutados luego del enfrentamiento. Hay pruebas que fueron presentadas y que se ocultaron. Todos elementos que desmontan la teoría de la emboscada, que es la de la Fiscalía.

–¿La masacre de Curuguaty fue producto del conflicto por la tierra o parte del plan para desplazar a Lugo de la presidencia?

–Hay un poco de acto ejemplificador por parte de la oligarquía paraguaya contra el movimiento campesino: “Si insisten en esto de luchar por la tierra y la ocupación, éste es el resultado”. Pero esencialmente fue el primer acto de un montaje para allanar el retorno del Partido Colorado. El 15 es la masacre, el 22 es el juicio sumarísimo a Lugo, que duró 16 horas, donde todo el mundo fue testigo de ese bochorno. Y el 21 de abril, finalmente, tuvieron lugar las elecciones más irregulares en la historia democrática de nuestro país desde la caída de Stroessner en 1989.

–¿Qué vino a frustrar el golpe a Lugo?

–La caída del Partido Colorado, luego de 61 años a manos de una alianza sumamente heterogénea, marca el inicio de la apertura democrática. Y algunos cambios sustanciales que se fueron sintiendo en la democratización de las instituciones del Estado, de los programas sociales, la gratuidad de la salud y la posibilidad de que las grandes corporaciones que durante décadas explotaron sin ningún tipo de control, se pudieran ver amenazados por el avance de los sectores más progresistas. Y el freno de las privatizaciones de empresas públicas. La emergencia del sujeto campesino, sindical, obrero, como un actor preponderante en la política nacional, es algo que en suma molestaba más que el propio Lugo.

–¿Cómo afectará la ley de militarización a los campesinos?

–La ley habilita al Poder Ejecutivo a militarizar por decreto cualquier zona del país ante “cualquier presencia de enemigos internos”. Hasta hoy tenemos un campesino asesinado desde su aprobación. Hay cada vez más allanamientos por la madrugada en casas de dirigentes y militantes, interrogatorios a adolescentes, incautación de materiales de formación marxista como elementos probatorios de asesinatos y secuestros. Elementos clásicos del terrorismo de Estado que tienen como objetivo aniquilar a la dirigencia social campesina y para el avance del modelo agroexportador del monocultivo de soja.

–¿Puede volver a ocurrir otra masacre?

–Es lo más probable. La situación en la que se debate nuestro país es el conflicto por la tierra. El modelo agroexportador no deja ninguna renta para el país. No produce ningún beneficio. Los grandes productores no pagan impuestos. El modelo extractivista y el modelo de agricultura familiar no pueden coexistir. La triplicación de la producción de soja, que es la propuesta de Cartes, deberá pasar indefectiblemente por la expulsión de las pocas comunidades campesinas que aún resisten a los polos urbanos a la emigración. Hacia eso vamos.

–¿Lo que pasó en Curuguaty fue necesario para el retorno de los colorados?

–La asunción de Cartes permitió el reciclaje de personajes nefastos. Como el canciller Eladio Loizaga, quien fuera miembro de la cancillería de Stroessner al momento de la articulación entre Argentina y Paraguay para el secuestro de Antonio Maidana y Emilio Roa, ambos miembros del Partido Comunista paraguayo. Esto permite aplicar el modelo neoliberal, mezclando el uribismo colombiano con el menemismo argentino.

Entrevista: Patricio Porta.