La oposición chilena condenó ayer las declaraciones de la candidata de la coalición conservadora Alianza, Evelyn Ma-tthei, realizadas durante un mitin electoral, que justificaban la dictadura del ex presidente Augusto Pinochet (1973-1990) al considerar que los militares “no buscaban llegar al gobierno”, sino mejorar la situación del país. Por su parte, la ex mandataria y candidata presidencial opositora Michelle Bachelet reveló también ayer que el antiguo jefe de la extinta policía secreta de la dictadura, Manuel Contreras, le interrogó cuando estuvo detenida en un centro de torturas de Santiago.

El socialista Osvaldo Andrade, coordinador de la coalición de izquierda Nueva Mayoría, que lleva como candidata a la favorita Bachelet, criticó las declaraciones de Matthei, diciendo: “En este país todavía hay nostálgicos de Pinochet, de eso no hay ninguna duda. Yo les quiero recordar a los chilenos que los que votaron por el Sí (en el plebiscito de 1998), entre los cuales estuvo la señora Matthei, querían que el tirano siguiera ocho años más” en el poder. Añadió que Matthei “tiene que hacerse cargo de su responsabilidad histórica”.

Desde el Partido por la Democracia, el candidato Guido Girardi comentó que “los que estamos acá (defensores del No en el plebiscito de 1988) somos los que nunca tuvimos la ambigüedad de terminar con la dictadura. Hoy terminó la transición”, y calificó las palabras de la candidata de la Alianza como “una nostalgia del pasado”. Por su parte, el líder de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, opinó durante la conmemoración del plebiscito que “en Chile nunca va a haber una presidenta que haya votado por el Sí, que quiso ocho años más de la dictadura de Pinochet”, aludiendo a las declaraciones de Matthei.

Matthei expresó que “todos saben que los militares no buscaron llegar al gobierno, fueron buscados por la ciudadanía y por muchos políticos. Todos saben que en ese gobierno se recibió al país con una inflación desatada, prácticamente sin comida y un estado grave de atropello a nuestra Constitución”. En 1988, Pinochet convocó un referéndum para que los chilenos lo legitimaran a través de votar Sí o No a su candidatura, que finalmente perdió, por lo que se convocó a elecciones democráticas y plurales un año después.

Por su parte, Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de Pinochet, en una entrevista concedida a CNN Chile hace un mes, con motivo del 40º aniversario del golpe de Estado, aseguró que Bachelet nunca estuvo en Villa Grimaldi, un antiguo centro de torturas situado en el este de la capital y ahora convertido en un parque por la paz. “Ella nunca estuvo allí”, señaló Contreras, quien admitió que detuvo a Bachelet y a su madre, Angela Jeria, por orden de Pinochet, pero aseguró que las derivó directamente a la Academia de Guerra (AGA), dependiente de la Fuerza Aérea. En la AGA fue torturado el padre de Bachelet, el general Alberto Bachelet, quien murió en 1974 a consecuencia de esos apremios.

“La verdad es que me dio una indignación profunda”, aseguró la ex presidenta y favorita a los comicios presidenciales de noviembre, sobre las palabras de Contreras, en una entrevista difundida ayer por ese mismo canal. “Me indignó y no entiendo cuál era el objetivo de desmentirlo. El me interrogó personalmente a mí y francamente me parece una mentira brutal”, añadió Bachelet, que agregó que no pudo seguir viendo esa entrevista hasta el final.

Bachelet relató que supo que estaba en Villa Grimaldi porque una de las presas resultó ser la dueña de la fábrica de baldosas que se habían instalado en el suelo de ese recinto. Esas baldosas eran lo único que los detenidos podían ver a pesar de que tenían los ojos vendados.

Según datos oficiales, fueron 4500 los prisioneros políticos que pasaron por Villa Grimaldi entre 1973 y 1977, de los que 229 figuran aún en las listas de detenidos desaparecidos. Bachelet visitó ese centro junto a su madre en la víspera del pasado 11 de septiembre, aniversario del golpe.

Contreras, que fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), concedió esa entrevista en el penal Cordillera –del que dijo que no era una cárcel, en alusión a las comodidades con las que contaban– y en ella negó además la práctica de torturas y la existencia de detenidos desaparecidos. Esas declaraciones apuntalaron la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de cerrar el pasado 28 de septiembre el penal Cordillera, donde había diez presos por violaciones a los derechos humanos, y agruparlos a todos en Punta Peuco, otra prisión especial que también cuenta con numerosos privilegios.