La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dispuso ayer que la Cancillería comience contactos de alto nivel con el gobierno de Rusia para encontrar una solución para el caso de la brasileña Ana Paula Maciel, presa en ese país junto a una treintena de activistas de Greenpeace. Por su parte, la Justicia rusa acusa a los activistas de Greenpeace detenidos en el país, de posesión de drogas ilegales, después de que se encontraran somníferos y morfina en el barco Artic Sunrise, según informó Vladimir Markin, de la oficina de investigación en Moscú.

“Determiné que el Ministerio de Relaciones Exteriores le otorgue toda la ayuda a la brasileña Ana Paula Maciel, detenida en Rusia durante una protesta ambiental”, escribió la presidenta de Brasil en su cuenta de Twitter. La bióloga brasileña fue detenida en Murmansk, al norte de Rusia, el pasado 18 de septiembre, junto a un grupo de activistas que tripulaban la embarcación Arctic Sunrise, en protesta contra las perforaciones petroleras en el Artico. Tras ser detenidos cuando intentaban subir a la plataforma Prirazlomnaya, la primera en alta mar en la región, los activistas fueron acusados por la Justicia rusa de piratería y se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio. De ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena de 15 años de prisión.

Un funcionario judicial ruso indicó el miércoles que los activistas son además acusados de posesión de drogas ilegales, después de que se encontraran somníferos y morfina en el Artic Sunrise. Los 30 miembros de la tripulación y reporteros, entre los que hay dos argentinos y una brasileña, podrían tener que enfrentar un nuevo proceso judicial.

Greenpeace rechazó la nueva acusación. El abogado Mijail Kerindlin aseguró a la agencia Interfax que la posesión de drogas está prohibida en el reglamento interno de la organización. El letrado destacó asimismo que el barco se encuentra hace tiempo anclado, sin tripulación, en el puerto de Murmansk. “No quiero acusar a nadie, pero allí se puede encontrar lo que se quiera”, indicó.

Los investigadores analizan actualmente documentos y útiles confiscados en la embarcación, reveló Markin. “Se ha podido establecer, ya que parte de los aparatos requisados tienen fines múltiples y pueden ser usados no sólo para proyectos ecológicos”, afirmó.