Desde Roma

La más importante causa penal que se haya hecho en Europa contra las dictaduras militares de América latina y en particular contra la operación internacional de aniquilación de opositores, conocida como Plan Cóndor, tendrá hoy en Roma un momento crucial. El juez de las investigaciones preliminares, Alessandro Arturi, deberá decidir si procesa a todos o a algunos de los 35 militares de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia acusados de la desaparición, en esos países y en la Argentina, Paraguay y Brasil, de 23 ciudadanos italianos en la década del ’70. Se han requerido casi 15 años de investigaciones por parte del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, que ha viajado e interrogado a testigos en varios países latinoamericanos, y 160 mil páginas de documentación que el juez debe evaluar para ver si corresponde procesar a todos los imputados.

Entre los 35 acusados hay 17 militares y exponentes políticos del Uruguay en los años ’70, el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones y Defensa (SID); y Pedro Mato Narbondo, oficial del mismo servicio, entre otros, contra quienes el fiscal Capaldo habría emitido hace años un mandato de captura, pero que aparentemente circulan libremente por Uruguay. El grupo comprende también 12 militares chilenos, incluidos los generales Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la “Caravana de la Muerte” que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Odlanier Mena, quien fuera jefe del CNI (Central Nacional de Informaciones) o policía secreta y que, estando condenado en Chile, se suicidó hace algunos días. De parte de Bolivia, los acusados son dos: el general Luis Arce Gómez, del Departamento de Inteligencia del Estado y luego ministro; y el general Luis García Meza Tejada, actor principal del golpe de Estado de 1980. Ambos están detenidos en la cárcel de El Alto, cerca de La Paz. Por último, de parte de Perú son acusados cuatro militares, entre ellos el general Francisco Morales Bermúdez, principal protagonista del golpe de Estado de 1975 y presidente hasta 1980; y el general Germán Ruiz Figueroa, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) en 1980.

No hay en la lista de acusados ningún militar argentino, aunque varios de los 23 desaparecidos lo fueron en este país. La Argentina no quiere por ahora ocuparse de un juicio internacional porque se podrían debilitar los juicios que allí se están llevando, explicaron fuentes oficiales argentinas en Roma. En Italia se hicieron juicios contra los militares argentinos cuando en la Argentina, por las leyes de obediencia debida y de punto final, no se podían hacer esos procesos. Pero desde que la Argentina eliminó esas trabas, con los mismos testigos y los mismos elementos probatorios, no tendría sentido llevar adelante dos juicios. El problema es más serio para los países que no han podido abrir instancias judiciales en sus propios territorios, dijo la fuente argentina. Técnicamente hablando, según la ley italiana, cuando el fiscal concluye las investigaciones, debe comunicar a los presuntos culpables, en los distintos países, que son acusados en una causa en Italia. Y esta comunicación se hace por vía judicial a la Justicia de cada país, y es ésta la que a su vez la entrega a cada uno de los investigados. La Justicia de cada país a su vez puede decidir si entrega o no esa comunicación. “Pero si los investigados no son oficialmente informados, no pueden formar parte de los acusados en el proceso”, explicó a Página/12 uno de los abogados defensores de varios desaparecidos, Giancarlo Maniga.

La lista de 23 desaparecidos comprende seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Todos los militares serán juzgados en ausencia y una vez terminado el juicio, en caso de condena definitiva luego de las tres instancias que prevé la Justicia italiana, el juez teóricamente podría pedir la extradición de los sentenciados para que cumplan la condena en Italia, añadió Maniga. Cuánto puede durar un proceso de estas características, es difícil decirlo. La primera instancia –en la que se querrá interrogar a los testigos, entre otras cosas, y donde varios de los cuales deberían trasladarse desde otros países– durará no menos de un año, explicó el abogado Maniga. Una vez concluida la audiencia preliminar, que puede llevar algunos días, si el juez decide abrir el juicio, la Corte de primera instancia a su vez decidirá la fecha de la primera audiencia del proceso propiamente dicho, en el que Estado italiano se constituirá como parte lesa.