El juez que instruye el caso de corrupción en el que está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ordenó ayer que se lleve a cabo el embargo efectivo de diferentes propiedades del yerno del rey de España. Entre los edificios confiscados se encuentra la mitad del Palacete de Pedralbes de Barcelona. Desde noviembre de 2011, la Justicia española investiga a Urdangarin y a su ex socio, Diego Torres, por haber desviado a paraísos fiscales millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, que fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos –una entidad sin fines de lucro creada por ambos– para la organización de cinco eventos, entre ellos, Illes Balears Forum y Valencia Summit. El caso está a cargo del juez de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, quien en enero de este año impuso una fianza de 8,1 millones de euros a Urgangarin y Torres, a los que acusa de apropiación indebida de fondos públicos. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Palma rebajó la fianza a 6,1 millones de euros.

Sin embargo, ninguno de los dos imputados abonó el dinero hasta el momento, por lo que el juez ordenó embargar bienes de su propiedad para cubrir la fianza y hasta que finalice el juicio en su contra. En el escrito judicial figuran 16 propiedades, 7 de Torres y 9 de Urdangarin, entre ellas varios departamentos y el Palacete de Pedralbes de Barcelona, cuya propiedad comparte con la infanta Cristina. El embargo afecta la mitad de este inmueble que los miembros de la familia real compraron con un crédito de La Caixa de 6,3 millones de euros, además de haber recibido otros tres millones para su remodelación.

El yerno del rey Juan Carlos decidió recurrir esa fianza en febrero con el argumento de que, en caso de pagarla, se vería abocado a un “injusto empobrecimiento”. La fianza tenía como objetivo garantizar que Urdangarin y Torres pagaran el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados.

Además del palacete de Pedralbes, un lujoso inmueble de 1000 metros ubicado en Barcelona y ahora en venta por 10 millones de euros, el juez embargó tres viviendas de la hija del rey y su esposo y otras propiedades menores, como garajes y trasteros, informó el diario español El País. La infanta Cristina y su marido habitaron el palacete durante al menos una década. El pasado mes de agosto decidieron abandonarlo para mudarse a Ginebra, Suiza, donde viven con sus hijos, alejados de los problemas judiciales.

A pesar de que Cristina, de 48 años, no ha sido imputada hasta el momento por la Justicia, la hija menor del rey Juan Carlos aparece nuevamente tocada por el caso de presunta corrupción que pesa sobre su marido. Los medios españoles señalaron hace unos días una posible imputación de la infanta por fraude fiscal. Según las informaciones publicadas, la mujer habría firmado un contrato ficticio de alquiler del palacete de Pedralbes a la sociedad familiar Aizoon, de la que es copropietaria y que habría servido a su marido para desviar seis millones de dinero público, según reveló el diario El Mundo.

Ex campeón olímpico de handball y convertido en hombre de negocios, Urdangarin presidió entre 2004 y 2006 el Instituto Nóos, sociedad que firmó contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia para organizar eventos relacionados con el deporte. La infanta Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, había sido vocal en la junta de Nóos hasta 2006.