Desde Roma

En la misa que cada mañana celebra en la Casa Santa Marta, el papa Francisco apuntó ayer el dedo contra la corrupción, que “quita la dignidad” y es un “pecado grave”, dijo. “Tal vez se empieza con una cifra pequeña pero después es como la droga.” Es decir, la corrupción produce dependencia, quiso decir. Recemos, concluyó, para que “el Señor cambie el corazón de los devotos de la diosa coima y para que se den cuenta de que la dignidad proviene del trabajo digno, el trabajo honesto”.

No fue una casualidad que el pontífice eligiera hablar de la “diosa coima”. En estos últimos días, en efecto, han surgido en Italia varios escándalos, todos ligados a la corrupción, incluso en sectores de la Iglesia, que darán que hablar.

Uno de los más grandes escándalos salió a relucir el jueves. Según las investigaciones, un grupo de administradores de la compañía pública de transportes urbanos ATAC, que controla todos los ómnibus y el subte de la ciudad de Roma, habrían falsificado miles de boletos, destinando el dinero conseguido a un fondo “negro”, es decir no declarado oficialmente, para los políticos o los partidos políticos. ¿Cuáles? Por ahora no se sabe. Se habla de unos 60/70 millones de euros, total que se conocerá con certeza cuando concluya el trabajo de la Guardia de Finanzas que ha ya arrestado a 15 personas. Pero la investigación sobre estos boletos falsos había comenzado en 2011. ¿Por qué –se preguntan muchos– nunca antes salió a relucir?

“Si alguien imprime billetes falsos o imprime y distribuye boletos falsos como parte de un sistema que alguno no ha controlado adecuadamente, yo digo que es criminalidad organizada, que es un sistema tremendo como la mafia”, dijo ayer el alcalde de Roma, Ignazio Marino, en una rueda de prensa. Marino aseguró que no hay más boletos falsos en circulación. Mientras tanto, los sindicatos y la gente han decidido hacer hoy una sentada frente a la sede de ATAC de Roma, porque, dicen, “ese dinero era nuestro”, de los viajeros y de los trabajadores. Y piden que se pueda viajar gratis, al menos por un tiempo, ya que, además, el boleto aumentó en el último año.

Pero si el mundo de la gente común se vio conmovido por el escándalo ATAC, otros sectores no se sintieron menos indignados por los regalos supercaros que hacía la RAI (Radio y televisión Italia) –la televisión estatal–, a ciertos VIP de Italia. Es que en Italia la gente paga un impuesto anual por tener un televisor. Se habla de un gasto que supera los 500.000 euros en lapiceras, relojes, gemelos de oro, piezas de plata y muchas cosas más. Pero, curiosamente, no se conocen los destinatarios.

No es la primera vez que se conocen detalles de la “regalomanía” que tienen ciertas empresas italianas a fin de conseguir, seguramente, algo a cambio. En especial con los periodistas a los que, en épocas de bonanza, podían regalarles desde relojes de oro a vacaciones pagadas en hoteles cinco estrellas o venderles automóviles a muy buen precio. Y ésta era, aunque algunos no quieran reconocerlo, una forma solapada de corrupción.

El papa Francisco habrá leído todo esto en los diarios además del otro caso que lo toca de cerca y sobre el cual todavía no se conocen todos los detalles, pero que, viendo el método usado y los antecedentes de algunos de los implicados, huele a dinero fácil. El protagonista fue el superior de una orden religiosa, la Orden de los Camilianos –nombre que viene de su fundador, San Camilo de Lellis, también conocida como Orden de los Ministros de los Enfermos–. El superior general de la orden, Renato Salvatore, de 58 años, debía ser reconfirmado en su cargo o bien ser sustituido en una votación que se debía llevar a cabo en Ariccia, una localidad fuera de Roma, el pasado 13 de marzo. Pero la reelección no era segura, sobre todo porque los votos de dos sacerdotes que debían votar podían ser definitorios y en contra. Es así entonces que el superior y otras personas, en particular el contador de la orden, organizaron una falsa investigación de la policía financiera sobre estos dos sacerdotes y prácticamente los secuestraron por varias horas, impidiéndoles ir a votar.

La Guardia Financiera de Italia descubrió que en la tramoya no sólo estaba inmiscuido el superior general, sino el contador Paolo Oliviero, ya investigado por las autoridades en otros escándalos financieros. Se trataba de asegurar la continuidad en el mandato del padre Salvatore para así mantener el control sobre una serie de clínicas y hospitales que maneja la orden y sobre los que la policía financiera sigue investigando, sospechando corrupción o fraudes de varios tipos.