El gobierno de Uruguay envió un proyecto de ley al Parlamento que impide la compra de tierras en el país por parte de Estados extranjeros, como forma de garantizar la soberanía nacional, informó ayer la presidencia. El texto “establece la prohibición de la tenencia de tierra, a cualquier título, con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio nacional, a empresas extranjeras o instaladas en Uruguay en las que participe, directa o indirectamente, un Estado extranjero”, destacó el Poder Ejecutivo en su página en Internet. El proyecto, precisa la información oficial, no modifica la normativa vigente referida a la inversión externa directa privada.

Al explicar las razones para presentar el proyecto de ley, la administración encabezada por José Mujica señala que, en función de la importancia económica de la tierra, el Estado “tiene la responsabilidad de asegurar la soberanía y un impacto positivo” de las actividades productivas en el bienestar de los uruguayos. Tras comprobar que algunos Estados extranjeros “participan a través de empresas y fondos de inversiones”, el gobierno uruguayo estima que “se hace necesario proceder a la revisión y actualización” del marco legal que regula la tenencia de tierras en el país. Señala, además, que iniciativas similares ya han sido aplicadas por otros países como Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina.

En el proyecto de ley, el gobierno propone declarar de “interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y en particular la tierra”. También dispone que la titularidad de inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias “no podrán ser ejercidas” por sociedades anónimas u otras “cuyos titulares sean entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismos”. Uruguay tiene 180.000 kilómetros cuadrados de superficie. La porción dedicada exclusivamente a la ganadería, tanto de vacunos como de ovinos, representa el 60 por ciento del territorio y llega al 82,5 si se agrega la superficie dedicada a la explotación agrícola.