Por Laura Puertas *
Desde Lima

El gobierno peruano presentó ayer la primera petición de extradición ante Japón para que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, con doble nacionalidad, responda ante tribunales peruanos por su presunta participación en graves delitos como homicidios, desapariciones forzadas y torturas. El ministro portavoz de Japón, Yasuo Fukuda, declaró que, como teoría general, no se acepta la extradición de un ciudadano japonés. Y Fujimori se proclamó “totalmente inocente”.
En Lima, representantes de instituciones que luchan por los derechos humanos en Perú entregaban en la embajada de Japón una carta –con 20.677 firmas– dirigida al primer ministro japonés, Yunichiro Koizumi, en la que lo exhortan a devolver a Fujimori. Mientras, el embajador peruano en Tokio, Luis Macchiavello, entregaba la nota diplomática y el cuadernillo de extradición al director para América Latina y el Caribe, Ken Shimanouchi, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El canciller peruano Allan Wagner sostiene que la petición fue presentada a la luz del derecho internacional y de la obligación de Japón, como parte de la comunidad internacional y firmante de diversos tratados, de que no exista impunidad para delitos de lesa humanidad. Lima se ha propuesto centrar el caso Fujimori en el principio jurídico de la no impunidad. Es decir, buscará que Fujimori, quien abandonó la presidencia en noviembre de 2000 y se refugió en Japón, apelando a una escondida ciudadanía japonesa, sea sometido a un tribunal independiente, ya sea en Lima, Japón o en un tercer país. Así, la extradición es un medio y no un fin en sí mismo, dijo un funcionario de la Cancillería peruana.
Fuentes de la Cancillería aseguran que la petición de extradición y la nota diplomática cumplen con los tres requisitos que exige la doctrina internacional: indicios razonables de culpabilidad, que los delitos imputados sean también considerados como tales en Japón y la garantía del debido proceso. Sustentan la petición en el testimonio del ex comandante general de las fuerzas armadas, Nicolás Hermoza Ríos, preso en una cárcel limeña. Hermoza ha declarado ante la Justicia que Fujimori conocía todas las actividades del escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, responsable, entre otros, del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
Asimismo, las declaraciones de tres integrantes del Grupo Colina en prisión coinciden en que Fujimori conocía en detalle cada una de sus acciones. Si bien no existe un plazo determinado para que Japón se pronuncie, se espera la respuesta a mediados de septiembre. Funcionarios de la Cancillería manejan tres posibles escenarios. Que el gobierno japonés pida que se amplíe la petición, que demore su respuesta y evite pronunciarse o que rechace la solicitud. Si se rechaza, argumentando que se trata de un ciudadano japonés, Lima recurriría a la Corte Internacional de La Haya, apelando al principio universal de la no impunidad para los delitos de lesa humanidad.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.