La Cámara alta de Paraguay decidió ayer por mayoría retirar la inmunidad del senador oficialista Víctor Bogado, acusado de cometer estafa; una decisión que contradice lo que el mismo cuerpo votó hace 14 días y que siguió a una campaña de protestas ciudadanas para que sea procesado por la Justicia. Por unanimidad de sus 45 integrantes, la Cámara alta dio marcha atrás en la decisión del 14 de noviembre cuando, por 23 votos contra 22, protegió a Bogado, del gobernante Partido Colorado, y desató una ola de indignación que recorrió el país.

Varios de “los 23”, como se les bautizó popularmente en Paraguay, habían expresado estos días su arrepentimiento, viendo cómo crecía la ola de protestas populares que abarcó a todos los sectores del país. Las protestas, convocadas por las redes sociales, se repitieron días después, sumadas a una campaña de boicot de más de un centenar de restaurantes, bares, cines, comercios, estaciones de servicio y otros lugares de la capital, públicos y privados, que prohibieron la entrada a esos senadores.

Así nació el movimiento de indignados 15Npy, que periódicamente realizó marchas callejeras, principalmente en Asunción. El propio Bogado, asediado por continuas protestas espontáneas en la calle, que afectaron incluso a sus colaboradores cercanos, pidió que se tratara el tema. La fiscalía había pedido investigar a Bogado por contratar presuntamente con dinero público a la niñera de sus hijos, Gabriela Quintana Venialgo.

El Ministerio Público aseguró que en 2010, Bogado, entonces presidente de la Cámara de Diputados, contrató a Quintana con el cargo de técnica en esa institución, y un sueldo de 6.098.400 guaraníes (unos 1355 dólares). El 4 de marzo de 2013, Quintana fue contratada como asistente administrativa con un sueldo de 8,7 millones de guaraníes (unos 1900 dólares) en la hidroeléctrica Itaipú, de acuerdo con la fiscalía.

Un día después, Bogado solicitó a la Itaipú el traslado de Quintana a la Cámara de Diputados como funcionaria permanente, con lo que comenzó a percibir dos sueldos del Estado al mismo tiempo, según la investigación.

“Estoy en esta situación por ayudar sin mirar clases sociales; ningún jurista me ha podido determinar qué delito cometí”, señaló Bogado, el primero en hablar en la sesión de ayer, en la que su de-safuero se votó por unanimidad. Esto implicó revocar la resolución 169 del 14 de noviembre, que estableció “no hacer lugar” al pedido de la Justicia civil.

El artículo 17 de la Constitución de Paraguay establece que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa, pero expertos en cuestiones jurídicas explicaron que no se aplica, en este caso, porque la decisión del Senado es política y no se trata de un juicio. Bogado tendrá que enfrentar ahora a la Justicia civil que lo investiga por la contratación de Gabriela Quintana. En medios de prensa locales aparecen diversas interpretaciones sobre este tema. Mientras algunos atribuyen la caída de Bogado casi exclusivamente a las movilizaciones populares, otros sospechan de que se trata de colocar a un político en el banquillo para desprestigiar al Congreso y a la política.