El principio de justicia universal vuelve a poner en un aprieto al gobierno español frente a China. La Audiencia Nacional puso en busca y captura al ex presidente del gigante asiático Jiang Zemin, de 87 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, y otros tres miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), por represión en el Tíbet. En un auto hecho público el martes pasado, el tribunal aceptó los argumentos de las organizaciones pro tibetanas querellantes, que piden el interrogatorio de los cinco en España. Las órdenes se librarán a través de Interpol.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia revocó un auto del pasado abril en el que el juez Ismael Moreno desestimaba la petición de diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos en la región autónoma que ordenaba la detención de los antiguos líderes chinos entre finales de los ’80 y la década de los ’90 del siglo pasado. En el pasado, las autoridades chinas calificaron de “pura invención” el caso de la Audiencia Nacional, que arrancó en 2008. La embajada china en Madrid no opinó sobre la decisión judicial, pero el gobierno chino convocó al embajador español en Beijing para expresarle su malestar por el fallo judicial, al que calificó de “absurdo”.

La decisión de la Justicia española, de evidentes implicaciones diplomáticas, afecta también a Qiao Shi, jefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular; Chen Kuiyan, secretario del PCCh en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los ’80. Ninguno de ellos está formalmente acusado de delito alguno.

La investigación deriva de una querella interpuesta en 2006 por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un particular, el sherpa Thubten Wangchen, de nacionalidad española. En ese escrito se denuncia “una serie de acciones conjuntas” del gobierno chino para “eliminar la propia idiosincrasia y existencia del propio país tibetano”. Entre estas medidas destacan la ley marcial, desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de disidentes, y traslados a la región de contingentes de ciudadanos chinos para dominar y eliminar a la población autóctona.

El ex presidente Hu Jintao también está imputado como sospechoso, aunque de momento no se ha pedido su arresto. Cuando la Justicia sumó el nombre de Hu a la querella, en octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que el tema tibetano es un asunto interno y confió en que España manejaría la cuestión de forma adecuada. El sistema legal español reconoce el principio de justicia universal, bajo el cual los sospechosos de genocidio pueden ser juzgados fuera de sus países.

Probablemente el caso más famoso de este tipo fue el que afectó al ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. La realidad indica que las investigaciones rara vez terminan en juicios o condenas, pero sí suelen provocar más de un rompedero de cabeza diplomático a Madrid. Países como Israel y la propia China han expresado en reiteradas ocasiones su malestar con la Justicia española por erigirse en una especie de justiciero internacional.

Los querellantes sostenían que las declaraciones de distintos testigos ante el juzgado de Ismael Moreno, la información judicial enviada por Canadá, Bélgica y Suecia y las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet apuntaban directamente a la cúpula del PCCh como responsable del genocidio y por ello pedían su detención. Sin embargo, ni el fiscal ni el juez Moreno lo veían igual: para ellos las diligencias practicadas hasta ahora no permitían deducir la participación de Jiang Zemin, Li Peng y sus adláteres en los supuestos crímenes contra la humanidad.

No es la primera vez que la Sección Cuarta revoca la decisión del juez instructor de no investigar a los líderes chinos. El pasado 10 de abril, el tribunal presidido por la magistrada Angela Murillo reabrió la querella por genocidio interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet contra el ex presidente chino Hu Jintao porque uno de los querellantes, Thubten Wangchen, es de nacionalidad española y porque las autoridades chinas no han emprendido ningún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella.

Alan Cantos, director del Comité de Apoyo al Tíbet –principal organización querellante–, recibió con “satisfacción” el auto judicial pero admitió la dificultad que entraña la detención de figuras tan relevantes a nivel político. “No es fácil que se produzcan las detenciones, pero es mucho”, dijo Cantos a Associated Press. “Los imputados están encerrados en su propio país, apuntados con el dedo de una corte competente y es una forma de que no se vayan de rositas”, es decir, que no evadan sus responsabilidades.