El juez que investiga una presunta financiación ilegal del Partido Popular en España imputó ayer a otros diez empresarios que figuran como donantes en la contabilidad B de esa fuerza derechista que llevaba el ex tesorero Luis Bárcenas. El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, aceptó así el pedido de la acusación que ejerce el Partido Izquierda Unida, que había solicitado ampliar la investigación, aunque lo hace parcialmente, ya que rechaza involucrar en el caso al ex ministro de Fomento Francisco Alvarez Cascos y al ex secretario general del PP Angel Acebes. Tampoco acepta imputar a Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP y presidenta regional de Castilla-La Mancha, informaron fuentes judiciales. Por otro lado, Ruz citó como testigo a Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas, quien tendrá que declarar el próximo 17 de enero.

Los diez nuevos empresarios imputados son Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; Cecilio Sánchez, ex director comercial de FCC; Camilo José Alcalá, presidente y consejero delegado de Cyopsa-Sisocia; José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño; Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas; Antonio Pinal, presidente y consejero delegado de Bruesa; Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones; Raimon Aigé, presidente de Sorige-Acsa, y Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y administrador único de Asedes Capital.

Todos fueron citados a declarar entre el 15 y el 17 de enero. En abril, el juez Ruz imputó a los primeros nueve empresarios españoles que aparecen en los documentos manuscritos de la contabilidad B (pagos en negro realizados por el PP), reconocidos como propios por el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, quien se encuentra en prisión desde mediados de julio. En esa lista destacaban los conocidos empresarios Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL –candidato derrotado en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid–, y Luis Rivero, ex presidente de Sacyr Vallehermoso, segundo accionista de Repsol, ambos con aportes en torno de los 500 mil euros. Todos los imputados fueron denunciados ante la Justicia por IU, formación liderada por Cayo Lara, tras la publicación de los famosos manuscritos de las cuentas B del PP en el diario El País el pasado 31 de enero.

Los citados documentos revelan que de los 7,5 millones que aparecen en la contabilidad B del PP entre 1990 y 2008, al menos cinco millones incumplían con la legislación entonces vigente, la ley de financiación de partidos que rigió entre 1987 y 2007. La normativa establece que los partidos no pueden recibir de la misma persona física o jurídica cantidades superiores a los 10 millones de pesetas (60.101 euros) al año. El límite subió después a 100 mil euros, pero el PP volvió a evadir ese piso. También estaban prohibidos los aportes de empresas que prestaran servicios o realizaran obras para la administración pública, como es el caso de la mayoría de las empresas mencionadas.

De la contabilidad B se desprende también el pago de sobresueldos a la cúpula del PP durante dos décadas, incluido al actual presidente de España, Mariano Rajoy, quien también habría recibido 45 mil euros en efectivo de manos de Bárcenas en 2009, después del período que se investiga, según declaró el ex tesorero ante la Justicia tiempo atrás. El escándalo de las cuentas B estalló después de que el juez Ruz descubriera que Bárcenas, quien estaba imputado en la trama de corrupción empresarial Gürtel (una red que echó mano a fondos privados a cambio de contratos de obra pública), tenía guardados más de 40 millones de euros en cuentas en Suiza. Cuando el ex tesorero reconoció ser autor de los documentos difundidos por el diario El Mundo, entró en una batalla judicial con su propio partido, que le soltó la mano.