El Senado mexicano aprobó ayer una reforma energética que modifica tres artículos de la Constitución y abre al capital privado la exploración y explotación de petróleo, su industrialización y la generación de electricidad, actividades reservadas al Estado. La norma contó con los votos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el derechista Partido de Acción Nacional (PAN). La iniciativa –uno de los principales planes de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y largamente resistida por la izquierda mexicana– pasó ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera poder aprobarla antes del domingo, cuando termina el período ordinario de sesiones. La controvertida norma recibió 95 votos a favor de las bancadas del PRI y el PAN y 28 en contra del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y el Partido de los Trabajadores (PT). Peña Nieto calificó como trascendental la decisión del Senado e indicó que la reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años.

Antes de la votación, el senador del PRI René Juárez Cisneros manifestó que lo que estaba en juego era la responsabilidad histórica de convertir al sector en palanca del desarrollo nacional y aumentar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, recibió cambios de último momento que introdujeron el PRI y el PAN en el dictamen para permitir que las empresas mineras que operan en el país –en su mayoría canadienses– puedan explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros minerales que formen parte de la concesión que se les haya asignado, consignó el diario La Reforma.

Los cambios al artículo 27 posibilitan la celebración de contratos de riesgo, incluidas concesiones con compañías petroleras internacionales, y los del artículo 28 eliminan el carácter estratégico a la refinación de petróleo, la producción de gas y la generación de electricidad. En el artículo 25 se crea un nuevo estatus para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pasan de entidades paraestatales a “empresas productivas del Estado”.

Si la ley es aprobada tal cual salió del Senado, ambas empresas competirán por los contratos con las trasnacionales, y para ello deberán demostrar en un plazo de 90 días que cuentan con las capacidades técnicas y financieras y de ejecución necesarias para explotar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. Se estableció que a más tardar en dos años Pemex y CFE deberán reconvertirse en “empresas productivas del Estado”, cuyos titulares podrán ser libremente removidos por el presidente de la República.

La reforma saca del Consejo de Administración de Pemex al sindicato y establece que éste deberá conformarse con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al secretario de Energía, quien presidirá el órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco consejeros independientes. Asimismo, crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la renta petrolera.

“Con la reforma energética, Pemex, CFE, nuestros recursos energéticos y la renta petrolera seguirán siendo propiedad de todos los mexicanos. Además, la reforma permitirá que el sector energético impulse el desarrollo industrial y regional del país, en beneficio de los mexicanos”, señaló Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter. El PRI asegura que la reforma es visionaria, valiente y legítima e indispensable para modernizar el país.

En tanto, la mayoría de los senadores del PAN respaldaron la iniciativa, pero otros, como Javier Corral, se opusieron por considerar que iba en sentido contrario a lo acordado en materia energética en el Pacto por México, que ya perdió a uno de sus tres signatarios, el izquierdista PRD. “Lo que mal empieza, mal acaba”, lamentó la senadora del PRD Dolores Padierna una vez conocida la aprobación en general de la reforma sin que, a su juicio, hubiera suficiente discusión en las comisiones del Senado.

Otro de los detractores fue el senador David Monreal, del PT, quien lamentó que la reforma no haya superado algunas de las pruebas que la democracia participativa directa diseñó para modificar aspectos fundamentales de la Constitución, como la consulta popular, el plebiscito o el referéndum. El PRD, el mayor partido de izquierda de México, apuesta a la celebración de una consulta popular en las elecciones de 2015 para revocar la reforma energética, dado que carece de los votos necesarios para detenerla en el Legislativo.

Durante la última sesión de discusiones de la reforma, que tardó cerca de veinte horas, senadores del PRD tomaron en más de una ocasión la tribuna del Senado para evitar su aprobación. La formación progresista convocó desde el lunes una manifestación de 75 horas en el emblemático Monumento del Angel de la Independencia con la que busca concientizar a la ciudadanía para unirse a su defensa del petróleo. A esta protesta se suma un cerco humano que realizan desde hace varios días a las sedes del Legislativo integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, que dirige el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para rechazar la reforma energética de Peña Nieto.