La infanta Cristina (foto), hija menor del rey Juan Carlos, no recurrirá su imputación en el caso de corrupción en el que también está implicado su esposo, el duque de Palma Iñaki Urdangarin, y se pone a disposición de la Justicia para declarar cuanto antes, según informaron sus abogados defensores. Con esta decisión, la infanta Cristina se convertirá en la primera integrante de la familia real española en comparecer ante la Justicia por hechos delictivos en toda la historia democrática de España.

La hija del rey, que fue citada a declarar como imputada para el 8 de marzo próximo, deberá responder por delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal penados con hasta seis y cinco años de prisión respectivamente. La defensa dirigida por Miquel Roca indicó a través de un comunicado que discrepa totalmente con los argumentos utilizados por el juez instructor José Castro para imputar a la hija del rey. Asimismo, señala que a la imputada “no se le escapan los efectos colaterales que tendría la imposición del recurso, que se traduciría en una dilación del procedimiento, alargándose así la incómoda y, a su entender, injusta situación que se deriva para ella del presente procedimiento”.

Por ese motivo, y tras destacar su vocación de servicio y colaboración con la Justicia, la infanta anuncia que ha decidido renunciar al derecho de recurso y comparecer voluntariamente ante el juez en la fecha que se señale a tal efecto, destacan los letrados. El plazo para presentar el recurso vencía el miércoles y en ningún caso se tratará de una declaración voluntaria puesto que la infanta fue llamada a declarar en calidad de imputada.

Los letrados, que habían adelantado la decisión al juez y a la Fiscalía Anticorrupción, esperan que la citación judicial se adelante, algo que puede ocurrir al no haberse presentado el recurso de apelación. El pasado 7 de enero, el juez Castro volvió a imputar a la infanta por segunda vez en la causa que investiga los negocios de su marido, quien junto a su ex socio, Diego Torres, se habría apropiado de más de seis millones de euros de fondos públicos.