El gobierno español salió a respaldar a la infanta Cristina y advirtió sobre un eventual repudio social y mediático cuando acuda a declarar ante la Justicia imputada por blanqueo de capitales y evasión fiscal. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró ayer que no se deben producir penas paralelas y se mostró confiado en que la Audiencia de Palma de Mallorca evitará que la hija menor del rey Juan Carlos tenga que hacer el “paseíllo” ante la prensa al entrar a los tribunales, donde podrían congregarse manifestantes antimonárquicos.

Esto ocurrió cada vez que el esposo de la infanta, el duque de Palma Iñaki Urdangarin, tuvo que declarar ante el juez José Castro por la misma causa, que investiga la apropiación indebida de más de seis millones de euros de fondos públicos por parte de su fundación, el Instituto Nóos. En dos ocasiones, decenas de personas recibieron a Urdangarin en las puertas de los juzgados de Palma de Mallorca al grito de “chorizo” (ladrón) y otros insultos. “No estamos todos, falta la infanta”, coreaban los manifestantes la última vez que declaró Urdangarin, en febrero de 2013, en referencia a la hija del rey, que aún no había sido imputada.

Pero Gallardón cree que esta vez la Audiencia tomará medidas para evitar “una situación de carácter previo que pueda considerarse perjudicial para la persona que acude a declarar”. “Es obvio que la actitud de colaboración que ha tenido la infanta Cristina no debe ir acompañado de esa pena paralela”, apuntó el ministro.

Por su parte, el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sostuvo que la infanta Cristina debería haber comparecido ante el juez Castro desde el inicio y subrayó que el ejemplo de las instituciones, y especialmente de la Jefatura de Estado, hacia los ciudadanos no debe ser el que dé a pensar que hay cosas que ocultar “porque la ley es igual para todos”. “Me parece que la decisión de la infanta (de renunciar a recurrir su imputación) está muy bien, es probablemente lo que tenía que haber hecho desde el principio”, afirmó Garzón en una entrevista a Canal Sur.

Pero Garzón destacó que imputar significa proteger los derechos y lamentó que en España se imponga un “estigma” a los imputados. “En España si se imputa a una persona, algunas con más trascendencia mediática que otras, ya tienes el estigma y te destruyen en los medios de comunicación y eso no está bien”, apuntó el ex magistrado. “Una garantía jamás puede ser un estigma para nadie”, insistió.

El lunes, el juez José Castro adelantó un mes, al 8 de febrero, la fecha de la citación judicial de la infanta, después de que la defensa comunicara que renunciaba a presentar un recurso contra su imputación y que se ponía a disposición de la Justicia “voluntariamente”. No obstante, el magistrado dejó claro en su resolución que la declaración de la infanta no es de carácter voluntario, sino que fue requerida en su condición de imputada.

Castro sostiene que Aizzon fue creada para desviar el dinero apropiado ilícitamente por el Instituto Nóos y que la participación de la infanta en la sociedad tenía como objetivo tener un escudo frente al Ministerio de Hacienda, para que las actividades no sean investigadas. El magistrado descubrió posteriormente que la infanta y Urdangarin habían cargado a Aizzon gastos personales para apropiarse de los beneficios de esa sociedad, que a su vez no fueron declarados ante el fisco.