Irán llevó a cabo un total de 40 ejecuciones desde comienzos de 2014, al menos 33 de ellas sólo la semana pasada, según denunció ayer Amnistía Internacional (AI) en un comunicado, en el que pidió a Teherán que se suspendan las ejecuciones y se conmuten las condenas a muerte. “El elevado número de ejecuciones llevadas a cabo este mes en Irán es alarmante”, subrayó la directora adjunta de AI para Oriente Próximo y el Norte de Africa, Hassiba Hadj Sahraoui. “Los intentos de las autoridades iraníes de cambiar su imagen internacional son inútiles si al mismo tiempo continúan aumentando las ejecuciones”, sostuvo. La organización internacional insistió en que la pena de muerte constituye una violación del derecho de todo ser humano a la vida, y es cruel, inhumana y degradante.

“Las autoridades iraníes deben tomar con urgencia medidas para abolir la pena de muerte, pues se ha demostrado una y otra vez que no tiene ningún efecto disuasorio especial sobre la delincuencia”, reclamó Sahraoui. Desde comienzos de 2014, AI registró 21 ejecuciones reconocidas oficialmente por las autoridades iraníes, así como 19 más comunicadas por otras fuentes.

En Teherán, las ejecuciones públicas suelen llevarse a cabo por medio de una grúa, de la que se cuelga al condenado de una soga al cuello ante la multitud de espectadores. En este sentido, la organización humanitaria pidió al gobierno del presidente Hasan Rohani que declare de inmediato la “suspensión oficial de todas las ejecuciones y conmuten todas las condenas de muerte”.

La mayoría de las personas ejecutadas en el país persa habían sido condenadas por presuntos delitos relacionados con estupefacientes. “En Irán, los delitos de drogas se ven en los tribunales revolucionarios, que incumplen de manera habitual las normas internacionales sobre juicios justos. Lo cierto es que en Irán se condena despiadadamente a muerte en juicios injustos, y es inaceptable que sea así”, señaló Sahraoui. Los juicios ante los tribunales revolucionarios suelen celebrarse a puertas cerradas y, en algunos casos, dejando al arbitrio de los jueces limitar el acceso de los abogados de los acusados durante las diligencias previas.