A los políticos que acompañan a Michelle Bachelet en la coalición Nueva Mayoría les queda poco tiempo para el descanso veraniego. Es el caso de Daniel Melo, diputado electo y vicepresidente del Partido Socialista, quien estuvo en Buenos Aires como parte de la agenda que se empezará a poner en marcha a partir del 11 de marzo, día del traspaso de mando. El sociólogo de 34 años, hijo de Sadi Melo, alcalde de la comuna El Bosque, señaló en diálogo con Página/12 que el nuevo gobierno buscará estrechar los vínculos con la región. “Chile está en deuda y ahora tenemos la oportunidad con esta Nueva Mayoría de tener un lazo más fuerte con Unasur y Mercosur; de tener miradas comunes y proyectos concretos en materia de infraestructura y educación.”

–Soledad Alvear y Camilo Escalona son dos referentes de su coalición que no fueron electos para el Parlamento. ¿Hay una renovación de la política?

–La última elección vino a renovar el Parlamento y la política, y esto se da en todas las bancadas, tanto de la Nueva Mayoría como de la derecha y, por tanto, es un fenómeno transversal. Hay un proceso de renovación de liderazgo, sobre todo, de la entrada de legisladores asociados a los movimientos sociales y con base territorial muy fuerte. Ahora bien, la renovación no pasa sólo por el carnet de identidad, también debe pasar por las ideas y los proyectos. Hoy día en Chile estamos discutiendo una nueva Constitución política, la reforma tributaria, la reforma de la educación.

–¿La democracia cristiana se opone a convocar una asamblea constituyente?

–Hay sectores más conservadores como la democracia cristiana, pero también se encuentran detractores en el Partido Socialista. Lo más importante es que se generó una conciencia ciudadana sobre la necesidad de tener una nueva Constitución y esto fue tomado por el programa de Bachelet, aunque no se haya definido el mecanismo. Lo mismo con la reforma tributaria, que apunta a achicar la brecha de la desigualdad social.

–¿Les alcanzan los votos en el Congreso para aprobar estos cambios?

–Con la mayoría que tenemos podemos llevar adelante la reforma de la educación, la tributaria y estamos a la espera de ver de qué manera hacemos el cambio de la Carta Magna.

–¿La educación universitaria será totalmente gratuita?

–Primero aspiramos a que la educación sea un derecho, porque ahora está considerada como un bien de consumo. Y también a cambiar el rol del Estado, para que garantice ese derecho en todos los niveles de enseñanza. Aspiramos a la gratuidad y a la calidad. Es una reforma que va a afectar las bases del sistema.

–¿Van a anular la ley antiterrorista, que se ha aplicado contra los mapuches?

–Hoy mismo, en la zona de Araucanía, sigue el conflicto. La aplicación de la ley, por la forma en que se han llevado adelante los juicios, dista mucho de ser transparente. La sociedad chilena tiene una deuda con el pueblo mapuche. Y lo primero que tendría que hacer el Estado es aplicar el convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), además de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios de nuestro país.

–¿Cómo harán para que convivan sin tensiones las distintas fuerzas en la Nueva Mayoría?

–Tuvimos 20 años de Concertación, como alianza de centroizquierda histórica. Hoy día tenemos una nueva coalición con siete partidos diversos, con objetivos comunes. El liderazgo de Bachelet nos permitió que nos unamos más rápidamente. El nuevo gobierno va a demostrar que es posible que puedan convivir demócratas cristianos, comunistas, socialistas, socialdemócratas y la ciudadanía que no necesariamente está expresada en los partidos políticos.

–¿Qué otras políticas serán prioritarias en el nuevo gobierno?

–Las vinculadas al mundo del trabajo. La CUT (central sindical) terminó dando el respaldo a las medidas del programa de gobierno, como la sindicalización automática o la negociación colectiva, cuestiones que en nuestro país no existen. El gobierno de Piñera redujo el presupuesto en el área de Trabajo, hubo menos inspectores y un sistema precario de defensa de los trabajadores. Es un ámbito en el que tenemos mucho por avanzar. La tasa de sindicalización está en torno del 12 por ciento de los trabajadores, eso es muy bajo. Queremos que las organizaciones sindicales puedan instalar sus temas en la agenda pública. Este gobierno despidió a 11 mil empleados públicos.

–¿Prevén impulsar un proyecto de despenalización del aborto?

–Venimos planteando el proyecto de aborto terapéutico bajo determinadas condiciones, por ejemplo, si está en riesgo la vida de la madre o la malformación del feto. Esto va a ser debatido en la nueva Legislatura.

–¿Chile se podría plantear la legalización de la marihuana?

–En el anterior gobierno se puso a la marihuana dentro de las drogas duras. Eso fue un error y se va a volver a tratar. El asunto será ver cómo Chile combate el narcotráfico, cómo se previene y educa sobre el tema. América latina debe estar proclive a debatir sobre el consumo y sobre políticas que no solo apunten a la represión o criminalización.

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