El gobierno chino consideró poco convincente el informe según el cual familiares de algunos de los más altos líderes del país asiático y prominentes empresarios cuentan con activos en paraísos fiscales del Caribe. En la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores chino, el portavoz, Qin Gang, restó importancia al informe. “Desde el punto de vista del lector, la lógica de ese artículo no es convincente. Eso hace que se susciten dudas acerca de si tiene motivos ulteriores”, declaró el vocero. Sin embargo, las autoridades chinas bloquearon las ediciones digitales de los medios que participaron en la investigación; entre ellas las de El País (España), Le Monde (Francia) The Guardian (Reino Unido) y Global Mail (Australia).

Preguntado acerca de si China actuaría sobre las alegaciones del informe, el portavoz respondió con una frase ambigua: “El inocente es inocente y las malas prácticas no pueden ocultarse”. Las autoridades chinas no tienen obligación de dar a conocer sus activos, y en los últimos tiempos endurecieron su oposición a los movimientos ciudadanos que intentan presionar por una mayor transparencia de los dirigentes en un país de profundas desigualdades sociales.

“Fuentes próximas al gobierno chino sostienen que la apertura de sociedades en paraísos fiscales no está vinculada con un fenómeno de corrupción o delictivo e insisten en que se trata de una práctica mercantil común entre empresarios de ese país para competir con firmas extranjeras que invierten en China y que el gobierno favorece con exenciones de impuestos. Para obtener las mismas condiciones, siempre según estas fuentes, los magnates locales abren sociedades en las islas Vírgenes británicas, desde allí reenvían el dinero al país asiático y, reconvertido en capital extranjero, reciben beneficios fiscales”, publicó El País. Ciento cincuenta y tres de las 1000 personas incluidas en la lista de los más ricos de China tienen vínculos con el PCCh.

Los datos del CIPI se dieron a conocer el mismo día en que se celebró en Beijing el juicio contra el prominente activista Xu Zhiyong, fundador del movimiento Nuevo Ciudadano, que reclama el respeto a la Constitución china, más controles sobre los líderes del país y una mayor transparencia sobre el patrimonio de los altos funcionarios. Xu fue detenido en julio del año pasado y está acusado de alterar el orden público, un cargo que le puede valer cinco años de prisión y sobre el que existen pocas dudas de que será declarado culpable. Amnistía Internacional denunció la hipocresía de las autoridades chinas, que juzgan a estos militantes al tiempo que hablan de transparencia y de lucha contra la corrupción.

Por su parte, el analista político Zhang Lifan señaló que tras la filtración podrían estar conservadores que se oponen a las políticas de reforma económica de Xi. Sin embargo, el informe del CIPI puso en evidencia el desdoblamiento ideológico del sistema chino: hacia adentro actúa como guardián de una estricta disciplina económica, pero en el exterior se convierte en un usuario compulsivo de los servicios y privilegios facilitados por la opacidad de los paraísos fiscales.