EL MUNDO › EL DOMINGO SE VOTA AL SUCESOR DE CHINCHILLA
A un día de las elecciones presidenciales de mañana en Costa Rica, cobra fuerza la posibilidad de una segunda vuelta, ya que los sondeos vaticinan que ningún candidato alcanzará el 40 por ciento de los votos requeridos para resultar electo. Por este motivo, algunos de los partidos comenzaron a hablar de alianzas, sobre todo los que quieren impedir la continuidad del partido de la presidenta Laura Chinchilla. El ex alcalde de San José Johnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN, centro), y el joven diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA, izquierda), están a la cabeza de las preferencias electorales. Los otros candidatos con posibilidades, o al menos con chances de influir en una potencial segunda vuelta, son Luis Guillermo Solís, de Acción Ciudadana (centroizquierda), y Otto Guevara, del Movimiento Libertario (derecha).
Una reciente encuesta de CID-Gallup dio al oficialista Araya un 35,6 por ciento de la intención de voto, seguido por Villalta, con 21 por ciento; Guevara, con 17,6 por ciento, y Solís con 15,6 por ciento. En caso de segunda vuelta, se realizará en abril.
Según proyecciones del Tribunal Supremo de Elecciones se romperá el histórico 30 por ciento de abstención. “Calculamos que solo un 20 por ciento no cumplirá con ese deber moral y patriótico”, dijo Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, los porcentajes en las encuestas no dan a ninguno de los candidatos la posibilidad de superar el 40 por ciento que exige el Código Electoral para ser electo presidente.
Los retos que enfrentará el nuevo mandatario son el alto grado de pobreza, detener la corrupción en la función pública, hacer más eficiente el Seguro Social, dar más seguridad policial, frenar el desempleo, bajar el déficit fiscal, poner orden en la infraestructura vial y tomar decisiones sobre temas como el aborto y el matrimonio igualitario.
Unos tres millones de costarricenses están llamados a elegir al relevo de Chinchilla y a renovar el Congreso –57 diputados–, para gobernar por cuatro años un país de 4,3 millones de habitantes.
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