Varios altos oficiales del ejército de Colombia estarían involucrados en maniobras de corrupción a partir de contratos de la fuerza. Así surge de una investigación realizada por una comisión del Congreso y revelada ayer por la revista Semana, lo que llevó al presidente Juan Manuel Santos a ordenar que se tomen decisiones contundentes. La publicación colombiana señaló que tuvo acceso a grabaciones que son investigadas por la Comisión de Acusación del Congreso y que contienen “comprometedoras conversaciones” que salpican a algunos generales del ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles. “En las conversaciones, que se desarrollan en los años 2012 y 2013, se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares donde se habla de ‘mordidas’ (sobornos) de hasta el 50 por ciento”, reseñó el medio.

Santos calificó como muy graves los hechos de corrupción que se han denunciado al interior del ejército y afirmó que había instruido al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para que de inmediato proceda con las decisiones ejemplarizantes que sean necesarias y las informe al país. Santos pidió a la fiscalía que le dé prioridad a esta investigación y la orden se extendió del mismo modo a la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría, que hace las funciones de tribunal de cuentas. Según el mandatario, por ningún motivo hechos de corrupción como éstos deben ser investigados por la Justicia militar. Semana indicó que el eje de la supuesta red de corrupción comienza en el coronel Robinson González, quien mantuvo varias conversaciones con oficiales a pesar de que ya desde entonces estaba detenido por casos de lo que la prensa llamó “falsos positivos”: campesinos ejecutados y presentados luego como guerrilleros.

En una de esas grabaciones González habla con el general Leonardo Barrero, por entonces jefe de una unidad en el oeste del país y ahora comandante de las fuerzas militares, quien le sugiere que los oficiales que están siendo procesados debían hacer “una mafia para denunciar a fiscales y toda esa ‘huevonada’”. González también le pide a Barrero, en otra conversación, que lo envíe a una unidad militar de Cali si llega a quedar en libertad y le agradece por un regalo que le envió a la prisión.

Barrero dijo que en esa época conversaba con González porque había sido subalterno suyo, que pensaba que éste tenía permiso para hacer llamadas desde la prisión y que nada tiene que ver con los presuntos casos de corrupción. “Como hombre de honor, y en aras de la responsabilidad que entraña mi cargo, ofrezco disculpas públicas al señor fiscal general de laNación y, por su conducto, a los funcionarios de la entidad, y al país en general, por el desafortunado empleo de expresiones que considero apresuradas y desobligantes”, señaló Barrero. Por su parte, Pinzón comentó que se está haciendo un análisis juicioso para tomar las determinaciones que sean necesarias en este caso.

La información que publica Semana sugiere que los contratos relacionados con la aparente red de corrupción tienen que ver con la adquisición de anteojos, repuestos para helicópteros y combustible para vehículos, así como licitaciones que favorecerían a familiares de militares detenidos por casos de ejecuciones. “En los audios queda claro que son muchos los contratos amañados y asignados ‘a dedo’. También hay evidencia de que se obtienen mediante el uso de información privilegiada que permitiría conocer de antemano pliegos de licitaciones, como el plan de compras de varias unidades del ejército”, señaló la revista.

“En todos los contratos que aparecen en las grabaciones, el común denominador son millonarias ‘tajadas’ que se reparten en varias manos. Los beneficiados de esos contratos –que serían avalados por algunos generales– son altos oficiales, condenados y sindicados por los llamados ‘falsos positivos’ (ejecuciones), que están recluidos en el Centro de Reclusión Militar”, añadió.