De izq. a der., José Alfonso Rodríguez, Jon Etxabe Garitazelaia, Flor Díaz Carrasco y Julián López Muñoz.
Imagen: Gentileza Manuela Bergerot (Ceaqua).

Las víctimas de Francisco Franco saltaron el cerco montado por el gobierno de Mariano Rajoy, que empuja los crímenes de la dictadura al olvido. Al menos trece españoles prestarán testimonio hasta el jueves, ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, mediante el sistema de videoconferencia y desde el Consulado argentino en Madrid, ubicado en la calle Serrano 90, para contarle a la magistrada situaciones vinculadas con torturas, detenciones ilegales y fusilamientos sumarios cometidos contra ellos o sus familiares. Con estas declaraciones, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua) logra por primera vez, luego de que estas videoconferencias fueran suspendidas en tres ocasiones, que ciudadanos peninsulares declaren, desde España, ante la Justicia argentina, por delitos vinculados con el trabajo esclavo, el robo de bebés y otros crímenes de lesa humanidad.

Los denunciantes comenzaron el lunes a dar testimonio con un hermetismo cuidado al máximo. José Alfonso Rodríguez denunció ayer la desaparición de su padre que, herido por un militante falangista con tres disparos de arma de fuego, fue secuestrado del hospital donde estaba internado el 20 de agosto de 1936. Entre agosto y noviembre de ese mismo año, doce miembros de su familia –incluso su abuela materna– fueron asesinados por el franquismo.

La titular de la Asociación Sos Bebés Robados de Euskadi, Flor de Lis Díaz Carrasco, comenzó a sospechar del secuestro de uno de sus hermanos en 2006, tras la muerte de su madre. El niño había nacido en La Línea de la Concepción, en Cádiz, el 7 de noviembre de 1967. Mientras buscaba a ese niño, Díaz Carrasco descubrió que a su madre le habían robado otro hijo el 26 de septiembre de 1962: se trataba de su hermano mellizo. Se estima que son más de 600 las familias afectadas por la sustracción de bebés en sanatorios del País Vasco.

La asociación presidida por Díaz Carrasco alerta que aquellas personas que intentan denunciar estos casos observan con desánimo cómo las presentaciones son cajoneadas sin que la Justicia española realice la más mínima investigación. Más del 90 por ciento de esas denuncias, advierte Sos Bebés Robados, son archivadas porque los familiares no pueden afrontar los gastos de una apelación judicial. Sos Bebés Robados se adhirió a la querella argentina en el primer trimestre de 2013.

La asociación dirigida por Díaz Carrasco asegura que cuenta con estudios, informes médicos y estadísticas que demostrarían que vender a un niño en Euskadi no era difícil en los años del franquismo. “Hay padres y madres que han pagado por un niño o niña y lo han inscripto como biológico. Vemos en la Justicia argentina más interés en investigar que en nuestra propia Justicia, aportaremos todo lo que nos pidan, sólo queremos saber la verdad”, manifiestan.

La familia de Jon Etxabe Garitazelaia fue expulsada del pueblo donde vivía, cuando él tenía 3 años; fueron obligados a caminar 10 kilómetros por la vía del tren hasta el bando republicano. Garitazelaia había nacido en Alzola, Guipúzcoa, el 20 de junio de 1933. Siendo sacerdote participó en diversos actos de denuncia del franquismo. En 1968, mientras se desempeñaba como responsable de propaganda en ETA, huyó de la Guardia Civil, que andaba tras sus pasos. Pero lo detuvieron el 11 de abril de 1969. En la comisaría fue torturado con otros militantes. Un mes después ingresó a la cárcel Concordataria de Zamora, lugar elegido por el Vaticano y el Estado español para encarcelar a sacerdotes díscolos con el franquismo. Fue juzgado en el Proceso de Burgos y sentenciado a 50 años de prisión. Cumplió ocho años de condena; lo amnistiaron en 1977. Luego se jubiló como maestro de euskera.

A sus 88 años, Julián López Muñoz denuncia el asesinato y desaparición de su padre: Alvaro López Ruiz fue detenido el 14 de abril de 1939, al regresar a Valdecaballeros –luego de pasar por una “zona roja”–, en un control franquista. En la noche del 17 de abril, Alvaro y otros presos fueron subidos a un camión y trasladados a un lugar ubicado a 10 kilómetros del pueblo. Después de fusilarlos, sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común en la finca La Cabezuela, en Castilblanco, Badajoz. Alvaro y sus compañeros de detención continúan desaparecidos.

En diálogo con Página/12, Máximo Castex señala que el clima que se vive en España, entre los denunciantes, es de entusiasmo. El abogado de Ceaqua señala que hay mucha esperanza depositada en la querella argentina. Y agrega que, a diferencia de las querellas que se presentan ante los consulados argentinos en el resto del mundo (la otra vía que tienen las víctimas para poder realizar su denuncia), las videoconferencias permiten un contacto directo entre la víctima y la jueza. El abogado dice que a partir de las declaraciones brindadas por videoconferencia pueden surgir otras medidas de prueba vinculadas con la exhumación de fosas comunes o individuales, solicitudes de apertura de archivos y remisión de documentación, como por ejemplo los archivos de los arzobispados españoles.