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La Justicia brasileña abrió un proceso contra dieciocho personas acusadas de integrar una red de corrupción con derivaciones en un ministerio y siete organismos públicos, y que implica a allegados al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informaron ayer fuentes oficiales.

El caso fue difundido en 2012 por un ex funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión, Cyonil da Cunha Borges, quien dijo haber recibido una oferta de 300 mil reales (unos 130 mil dólares) para elaborar un informe en favor de una empresa que concursó en una licitación para las obras de un puerto. Entre los acusados, están Rosemary Novoa de Noronha, ex jefa de Gabinete de la oficina de la Presidencia en San Pablo, cargo para el que había sido nombrada por Lula en 2003 y mantenida luego por la nueva jefa de Estado, Dilma Rousseff, quien la destituyó tras conocerse el caso.

Según un comunicado de la corte, el juez del tribunal federal criminal de San Pablo, Fernando Américo de Figueiredo Porto, aceptó la denuncia contra dieciocho personas acusadas de asociación ilícita, tráfico de influencias y corrupción activa. De acuerdo con la policía, que identificó a los acusados en una operación conocida como Porto Seguro, la red que integraba Noronha estaba dirigida por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, funcionarios de carácter técnico que también están entre los dieciocho acusados.

El primero era director en la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y el segundo en la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), cargos desde los que supuestamente elaboraban informes técnicos que favorecían a empresas interesadas en contratos públicos. Pese al elevado número de acusados, los partidos de oposición y la prensa se centraron en Rosemary Noronha, quien desde hacía años mantenía una relación “muy próxima” con Lula, según diversas fuentes políticas.

De acuerdo con datos oficiales citados por la prensa local, en el momento en el que fue destapado el escándalo Noronha tenía pasaporte diplomático e integró la comitiva de Lula en viajes que el entonces presidente hizo entre 2004 y 2011 a 24 países, pese a trabajar en una oficina “secundaria” de la presidencia.

El diario O Globo aseguró asimismo que tuvo acceso a detalles de la investigación, según los cuales fueron “interceptados” unos “10 mil correos electrónicos”.