Desde Santiago

Con el acelerador a fondo arrancó Michelle Bachelet su segundo período en la presidencia de Chile. A fines de esta semana envió un decreto que busca crear el Consejo de la Infancia y la Adolescencia, con el fin de impulsar iniciativas en pos de los niños y sus derechos. Esta iniciativa se suma al primer proyecto legislativo de su gobierno –despachado a un día de asumir el poder–, que pretende otorgar el carácter permanente al denominado “bono marzo”, ayuda económica de unos 80 dólares para los miembros de las familias más pobres del país.

Junto a ello, Bachelet anunció la restitución del pago del bono de invierno a los pensionados que lo perdieron en el gobierno anterior de Sebastián Piñera sin que su condición socioeconómica cambiara realmente.

“Se requiere impulsar nuevas normativas, planes y programas, a cargo de iniciativas que, muchas veces, están dispersas en diferentes ministerios y servicios. Una instancia que asuma una nueva perspectiva. Que pase de una mirada asistencial, a entender a un niño, un joven, como sujeto de derechos, y eso es lo que estamos haciendo con la firma del decreto que crea el Consejo de la Infancia y la Adolescencia”, dijo, al hacer pública una de sus iniciativas.

Si bien estos proyectos están dentro de las 50 medidas anunciadas para los 100 primeros días de su gestión, la celeridad con que se ha trabajado en ellas obedece a diversos factores que desde el Palacio de Gobierno quieren manejar desde un principio: dar una imagen de gobernabilidad y orden algo empañado por las críticas y renuncias de algunos funcionarios elegidos para este segundo mandato, pero que tenían problemas para asumir. En este punto, la opinión pública y la dura fiscalización de la oposición y de la ciudadanía fueron claves para que estos funcionarios no pudieran entrar al aparato estatal.

De este escenario se desprende el otro punto considerado clave para la administración de la doctora socialista: evitar las marchas masivas y las manifestaciones en su contra al menos durante el plazo autoimpuesto de tres meses, para avanzar en tareas clave presentadas en campaña.

Sin embargo, entidades como Patagonia sin Represas, la organización por la despenalización del autocultivo de la marihuana (Movimental), el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles), el Movilh, la Sociedad Atea de Chile, la Agrupación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana (Apila) y federaciones estudiantiles firmaron una convocatoria a marchar el 22 de marzo de 2014 con la idea de posicionar sus demandas dentro de la batería de proyectos de Michelle Bachelet.

Los tópicos de esta convocatoria son: Asamblea Constituyente, despenalización de la marihuana, matrimonio igualitario con adopción de hijos, despenalización del aborto, educación gratuita y de calidad, entre otros puntos.

Para esto ya solicitaron a la Intendencia Metropolitana el uso de Plaza Italia, La Alameda, Miraflores y costados de Río Mapocho (donde instalarán dos escenarios), es decir, el pleno centro de Santiago. La flamante administración autorizó el recorrido, en una señal distinta a la del gobierno anterior.

Al ser consultada sobre la movilización, Bachelet salió al cruce al asegurar que el objetivo de la marcha es apoyar las reformas que se comprometió a impulsar y exigir que éstas se cumplan.

“Una marcha el 22 de marzo parece un poquito... (silencio). Me imagino que la idea fundamental de esa marcha es apoyar los procesos reformadores que nosotros tenemos, porque entendí que lo que quieren decir es que cumplamos con nuestro programa de gobierno, y eso es lo que queremos hacer”, sostuvo.

Otro de los temas clave es sin duda la educación. Nicolás Eyzaguirre, el nuevo ministro de Educación, ya tendió los puentes con los dirigentes estudiantiles y, si bien no ha sido apoyado públicamente, pareciera ser que el tono de las conversaciones y su experiencia política podrían destrabar un tema sensible para la ciudadanía.

Así, Bachelet dijo que la reforma educativa que pretende impulsar su administración, “satisface a la gran mayoría de los chilenos”.

No obstante, reafirmó que antes de enviar el proyecto de ley “se harán todos los diálogos necesarios” con los distintos sectores involucrados, “incluyendo a los estudiantes”.

“Hay grupos sociales que están muy comprometidos con tareas que nosotros también estamos comprometidos, como los estudiantes en el caso de la reforma educacional, y el ministro (Nicolás Eyzaguirre) ya ha estado conversando con los profesores y va a conversar con los estudiantes y con todos los sectores involucrados”, añadió.

En este sentido, la presidenta insistió en que su relación con los movimientos sociales será a través del “diálogo”, pero de uno “que nos permita avanzar en nuestro mandato de la ciudadanía”, remarcando que “cuando la ciudadanía en su mayoría vota por esta presidenta, lo que está haciendo es votar por nuestras propuestas”.

Esta política se vio claramente reflejada el pasado jueves, cuando Eyzaguirre (ex ministro de Hacienda de Ricardo Lagos y miembro del FMI) dio un paso crucial para la tramitación de la reforma educacional: invitó de puño y letra a los distintos representantes del mundo académico, estudiantil y de los apoderados para sostener reuniones formales con la nueva administración.

La arremetida de Eyzaguirre –activada a sólo 48 horas de asumir el cargo– es, sin embargo, parte de un cuidadoso diseño, destinado a lograr el mayor y más transversal respaldo a uno de los ejes programáticos comprometidos por la presidenta Michelle Bachelet, según explica un análisis del diario electrónico El Mostrador.

Desde que fue designado como titular de Educación a fines de enero, el economista ha destinado buena parte de su tiempo a estudiar antecedentes y papers vinculados con la iniciativa, quizá la más ambiciosa de la nueva administración, y para cuyo cumplimiento la mandataria impulsará una reforma tributaria destinada a recaudar 8200 millones de dólares.

En paralelo, Eyzaguirre se ha abocado a contactar a ex autoridades de la cartera y a expertos en el área, a quienes no ha ocultado su preocupación por los desafíos que implica la iniciativa. De avanzar o no en este campo, definirá buena parte del nuevo gobierno de Michelle Bachelet y del futuro de la Nueva Mayoría.

En un tema opuesto, pero igualmente relacionado, Francisco Huenchimilla, intendente de la novena región, manifestó en Radio Cooperativa que la principal estrategia para solucionar el conflicto mapuche es la “anticipación a la violencia”. Su discurso lo realizó horas antes de reunirse con el werkén de la comunidad Autónoma Temucuicui, Jorge Huenchullán.

Al respecto, Huenchimilla manifestó que “el diálogo es un método de trabajo muy importante en democracia”, y consideró vital conocer la visión de todas las partes para poder así solucionar los conflictos.

Además, nuevamente se refirió al perdón público sobre la usurpación de tierras mapuche a manos del Estado chileno. El intendente dijo: “Pedí perdón al pueblo mapuche, a los colonos y sus descendientes a título de intendente de la Región de la Araucanía... Fue una decisión personal, pero lo hice como autoridad”.